Las obligaciones del notario frente al lavado de activos (Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, D.L. 426/2025, y las Recomendaciones del GAFI) y frente a los tributos que gravan los actos que autoriza: impuesto sobre transferencia de bienes raíces (ITBR), Código Tributario y tributos municipales.
1. El licenciado Jorge Alberto Ramírez, notario en San Miguel, le comenta que sus deberes de prevención del lavado siguen rigiéndose por la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos de 1998. ¿Qué le diría usted?
El art. 61 de la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (D.L. 426/2025), publicada en el Diario Oficial n.° 190 del 9 de octubre de 2025, deroga expresamente la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos de 1998 (D.L. 498) y cualquier otra normativa que la contraríe; la nueva ley entró en vigencia ocho días después de su publicación (art. 62). La derogatoria no es solo penal: la propia Ley Especial regula los deberes preventivos (arts. 9 y siguientes). Tampoco deja fuera a los notarios, que el art. 7 numeral 7 incluye como sujetos obligados. Citar hoy la ley de 1998 como norma vigente es un error.
2. Una colega le pregunta qué dispone la Ley Especial de 2025 sobre el Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos (Decreto Ejecutivo n.º 2 de 2000). ¿Qué le contestaría?
El art. 61 inc. 2 de la Ley Especial de 2025 mantiene vigentes el Decreto Ejecutivo n.º 2 de 2000, que contiene el Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, y el Instructivo de la UIF, mientras no se emitan el reglamento y el instructivo correspondientes a la nueva ley. Esa vigencia es transitoria, no ilimitada: el art. 60 ordena al presidente de la República emitir el reglamento de la ley dentro de 90 días desde su vigencia, y el art. 56 da a la UIF seis meses desde la publicación para emitir sus instructivos. No cesó, pues, el día en que entró en vigencia la nueva ley, y su pervivencia no se limita a las entidades supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero. Cuando se publique el nuevo reglamento en el Diario Oficial, el de 2000 dejará de aplicarse: compruebe ese dato antes del examen.
3. ¿Cuál de las siguientes actividades, realizada por un notario para su cliente, lo convierte en sujeto obligado de la Ley Especial contra el lavado de activos de 2025?
El art. 7 numeral 7 de la Ley Especial de 2025 incluye entre los sujetos obligados a abogados, notarios, contadores y auditores que, directa o indirectamente, realicen para sus clientes: a) compra y venta de bienes inmobiliarios; b) administración del dinero, valores u otros activos del cliente; c) administración de cuentas bancarias, de ahorros o valores; d) organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas; y e) creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales. Organizar los aportes para crear y operar una empresa es el literal d). La representación en juicio, las diligencias de jurisdicción voluntaria y una opinión jurídica aislada no figuran en esa lista, que reproduce la del literal d) de la Recomendación 22 del GAFI.
4. La notaria Beatriz Orellana, de Santa Ana, solo autoriza testamentos abiertos y poderes generales judiciales; no interviene en compraventas ni maneja fondos de clientes. ¿Esos actos la hacen sujeto obligado de la Ley Especial de 2025?
Conforme al art. 7 numeral 7 de la Ley Especial de 2025, abogados y notarios son sujetos obligados cuando, por la naturaleza de sus servicios, realizan para sus clientes alguna de las actividades de los literales a) a e): compraventa de inmuebles, administración de dinero o activos, administración de cuentas, organización de contribuciones para empresas y creación u operación de personas jurídicas o compraventa de entidades comerciales. El testamento y el poder judicial no están en la lista; la condición depende de la actividad y no del solo título de notario (en el mismo sentido, Recomendación 22 lit. d) del GAFI). Que el testamento pueda comprender inmuebles no lo convierte en una compraventa. Si la notaria autoriza mañana la compraventa de un inmueble para un cliente, quedará comprendida en el literal a).
5. En un mismo despacho de San Salvador trabajan la notaria Ana Contreras y el auditor externo Mario Lemus; ambos constituyen sociedades para sus clientes. ¿Qué ente supervisa a cada uno en materia de prevención del lavado de activos?
El art. 12 de la Ley Especial de 2025 reparte la supervisión de los sujetos del art. 7 numeral 7: el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría supervisa a los contadores y auditores, y la Corte Suprema de Justicia supervisa a los abogados y notarios (véase también el art. 11 literales c) y d)). La supervisión sigue a la profesión de cada sujeto, no a quien dirige el despacho. La Superintendencia del Sistema Financiero supervisa a las instituciones financieras del numeral 1, y la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles a los sujetos de los numerales 3, 4, 5, 6 y 8 (por ejemplo, intermediarios inmobiliarios), no a notarios ni a auditores.
6. El notario Carlos Funes, que acaba de registrarse como sujeto obligado, quiere saber de qué institución depende la Unidad de Investigación Financiera (UIF). ¿Qué le indicaría?
Según el art. 3 inc. 1 de la Ley Especial de 2025, la UIF es una oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la República, con autonomía funcional y técnica, cuya estructura determina la Ley Orgánica de la Fiscalía; el inc. 2 la define como el único centro nacional de recepción y análisis de los reportes de operaciones sospechosas, operaciones tentadas y actividades sospechosas. No depende de la Corte Suprema de Justicia, que supervisa a abogados y notarios (art. 12), ni del Banco Central de Reserva, ni de la Superintendencia del Sistema Financiero, que supervisa a las instituciones financieras del art. 7 num. 1. Ojo con la sigla: en los textos del GAFI, UIF significa 'Unidad de Inteligencia Financiera'; la ley salvadoreña la llama Unidad de Investigación Financiera. El registro ante la UIF es un deber del sujeto obligado (art. 9 num. 1).
7. Un cliente de riesgo bajo, al que usted atiende desde hace años, le pide autorizar la compra de un lote en La Libertad, y usted decide aplicarle debida diligencia simplificada. ¿Qué le sigue exigiendo la ley en ese caso?
El art. 15 inc. 4 de la Ley Especial de 2025 permite aplicar la debida diligencia simplificada a clientes de riesgo bajo o en productos y servicios de bajo riesgo, pero dispone que siempre se deberá verificar la identidad del cliente o de la persona que actúa en su nombre o representación, cuando corresponda. El art. 17 la admite cuando una evaluación razonable determina que el riesgo es bajo, sin exigir autorización previa de la UIF. La ley no impone una referencia bancaria ni una constancia de sueldo como requisito fijo, y el riesgo bajo no elimina toda medida.
8. Según la Ley Especial de 2025, ¿qué comprende el nivel estándar de la debida diligencia del cliente?
El art. 15 inc. 5 de la Ley Especial de 2025 dispone que la debida diligencia estándar se aplica inicialmente a todos los clientes, a excepción de los de riesgo alto, e incluye la identificación del cliente, del beneficiario final y de las personas que actúan en representación de los beneficiarios finales, la naturaleza y el propósito de la relación comercial, juntamente con la determinación del origen de los fondos. Una simple copia del DUI no basta, y la ley no exige constancias de la Fiscalía ni la aprobación previa del supervisor.
9. Comparece ante sus oficios notariales José Antonio Cabrera para comprar tres inmuebles en un mes con fondos que le llegan de sociedades extranjeras cuyo origen no sabe explicar; usted lo califica como cliente de riesgo alto. ¿Qué debe hacer?
Conforme al art. 15 inc. 6 de la Ley Especial de 2025, la debida diligencia intensificada se aplica a los clientes cuyo nivel de riesgo es alto y requiere la recopilación y verificación de información relacionada con la fuente de riqueza o la fuente de fondos del cliente. La ley no la reserva a los bancos: se dirige a todos los sujetos obligados, incluidos los notarios del art. 7 num. 7. Tampoco prohíbe atender a un cliente de riesgo alto; obliga a gestionar ese riesgo. Una declaración jurada sin verificación no cumple el deber de verificar. Si tras el análisis la operación resulta sospechosa, procede además el reporte a la UIF (art. 24).
10. Inmobiliaria Los Almendros, S.A. de C.V., le pide autorizar una compraventa. Su capital es de 20,000 acciones: Luis Mejía tiene 5,000; Sara Castro, 4,800; Ernesto Rivas, 6,000, y el resto se reparte entre seis socios con 700 cada uno. Por su participación, ¿a quiénes debe identificar como beneficiarios finales?
El art. 15 inc. 7 de la Ley Especial de 2025 obliga a identificar, en las personas jurídicas, a los beneficiarios finales con una participación mayor o igual al 25 %: la persona natural que posea o controle directa o indirectamente ese porcentaje del capital o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control de la gestión. Cálculo: Luis 5,000/20,000 = 25 %; Sara 4,800/20,000 = 24 %; Ernesto 6,000/20,000 = 30 %; cada uno de los seis restantes 700/20,000 = 3.5 %. Luis queda incluido porque la ley dice 'mayor o igual'; Sara no alcanza el umbral por su participación, aunque habría que identificarla si ejerciera el control por otros medios. La ley no exige mayoría absoluta.
11. Un cliente que desea constituir ante usted una sociedad se niega a entregar la información sobre el origen de su aporte en efectivo, pero insiste en firmar la escritura ese mismo día. ¿Cuál es la actuación correcta del notario?
El art. 15 inc. 14 de la Ley Especial de 2025 dispone que los clientes deben proporcionar la información o documentación requerida para el inicio de relaciones comerciales y que, si no lo hacen, los sujetos obligados podrán abstenerse de iniciarlas, sin perjuicio de que, a partir del análisis correspondiente, se considere hacer un reporte de tentativa de transacción sospechosa. Autorizar la escritura de todos modos supondría no aplicar la debida diligencia, que incluye determinar el origen de los fondos (art. 15 inc. 5); esa omisión es infracción grave (art. 31 num. 2), y dejar constancia de la negativa en el instrumento no la suple. Tampoco basta con archivar: la UIF recibe también reportes de operaciones tentadas (art. 3 inc. 2). La Recomendación 10 del GAFI prevé lo mismo: no iniciar la relación y considerar un reporte de operación sospechosa.
12. De los siguientes clientes que comparecen a otorgar una escritura de compraventa, ¿cuál es una Persona Expuesta Políticamente (PEP) nacional según la Ley Especial de 2025?
El art. 19 inc. 2 de la Ley Especial de 2025 enumera los cargos de las PEP nacionales; su literal k) comprende a los directores y representantes legales de sociedades constituidas con activos del Estado o cuyos accionistas sean instituciones estatales. Ser proveedor del Estado, donar a un partido o llevar la contabilidad de una cooperativa no son cargos de esa lista: la condición de PEP depende de ejercer una función pública o tenerla confiada (inc. 1), no de hacer negocios con el Estado. Del partido político solo son PEP los miembros de su máximo organismo de dirección, incluido el tesorero (lit. l). La UIF emite y actualiza el listado de cargos (art. 19 inc. 4).
13. Comparece a vender un inmueble quien fue ministro de Estado y cesó en su último nombramiento el 1 de junio de 2023. Para efectos de debida diligencia, ¿hasta qué fecha debe seguir tratándolo como PEP?
Conforme al art. 19 inc. 5 de la Ley Especial de 2025, para efectos de las medidas de debida diligencia se continúa considerando PEP a quien tuvo esa calidad durante los cinco años siguientes a la fecha en que cesa su último nombramiento; los ministros figuran en el literal c) del inc. 2. Cálculo: 1 de junio de 2023 + 5 años = 1 de junio de 2028. La calidad no se pierde con el cese, y la ley no fija uno ni diez años.
14. La señora María Luisa Benítez, compañera de vida de un magistrado de una Cámara de Segunda Instancia, le pide autorizar la compra de una casa a su propio nombre. ¿Qué nivel de debida diligencia le corresponde?
El art. 19 inc. 2 lit. d) de la Ley Especial de 2025 incluye entre las PEP nacionales a los magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia, y el último inciso del mismo artículo ordena aplicar medidas de diligencia intensificadas a los miembros de la familia hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, al cónyuge y a los compañeros de vida o asociados cercanos de las PEP. No importa que ella no ejerza función pública, que compre a su propio nombre ni que el magistrado no comparezca: la extensión se funda en el vínculo.
15. Según la Recomendación 12 del GAFI, además de la debida diligencia normal, ¿qué medidas se exigen frente a un cliente que es una Persona Expuesta Políticamente extranjera?
La Recomendación 12 del GAFI exige, respecto de las PEP extranjeras (cliente o beneficiario final), además de las medidas normales de debida diligencia: a) sistemas de gestión de riesgo para determinar si el cliente es PEP; b) aprobación de la alta gerencia para establecer o continuar la relación; c) medidas razonables para establecer la fuente de riqueza y la fuente de los fondos; y d) monitoreo continuo intensificado de la relación. La Recomendación 22 extiende estas exigencias a los notarios cuando realizan las actividades de su literal d). No impone rechazar la relación ni reportar cada operación sin análisis.
16. Un colega sostiene que, como el GAFI solo exige medidas reforzadas frente a PEP locales cuando la relación es de mayor riesgo, puede atender a un alcalde salvadoreño en funciones como a cualquier otro cliente. ¿Qué le respondería?
La Recomendación 12 del GAFI pide, para las PEP locales, medidas razonables para identificarlas y aplicar las medidas reforzadas en las relaciones de mayor riesgo. Pero la Ley Especial de 2025 va más allá: su art. 9 num. 14 obliga a los sujetos obligados a realizar monitoreo permanente intensificado sobre las relaciones con PEP, sean nacionales o extranjeras, y el art. 19 inc. 2 lit. e) incluye a los alcaldes entre las PEP nacionales. Las Recomendaciones son estándares que el país adopta y desarrolla en su ley (considerando IV): fijan un mínimo, y la ley nacional más exigente es la que obliga al notario. El GAFI tampoco ordena rechazar a las PEP.
17. La notaria Gabriela Portillo ejerce sola, como persona natural, y autoriza compraventas de inmuebles para sus clientes. ¿Está obligada a designar un oficial de cumplimiento?
El art. 22 de la Ley Especial de 2025 permite a las personas naturales que sean sujetos obligados conforme al art. 7 numerales 5, 6, 7, 8 y 9 no designar un oficial de cumplimiento; en ese caso, ellas mismas son responsables de aplicar todos los controles de prevención previstos en la ley y el ordenamiento aplicable. La notaria no está excluida de la ley: al autorizar compraventas para sus clientes entra en el art. 7 num. 7 lit. a). El comité de prevención del art. 23 solo es obligatorio para quienes deben nombrar una oficialía de cumplimiento.
18. Una sociedad de servicios jurídicos, supervisada por la Corte Suprema de Justicia, constituye sociedades y administra fondos de sus clientes. ¿Qué le exige la Ley Especial de 2025 en cuanto a la función de cumplimiento?
El art. 20 inc. 2 de la Ley Especial de 2025 dispone que los sujetos obligados supervisados por las entidades del art. 11 literales b), c), d), f), g) y h), entre ellas la Corte Suprema de Justicia (lit. d), pueden prescindir de una oficialía de cumplimiento, pero deben designar un oficial de cumplimiento y un suplente, nombrados por la junta directiva u órgano equivalente. La dispensa del art. 22 (no designar oficial) es solo para personas naturales, y la oficialía con comité de prevención (arts. 20 inc. 1 y 23) se exige a los supervisados por la SSF y la Comisión Nacional de Activos Digitales y a los del art. 7 num. 2. El oficial no lo nombra la UIF: la UIF lleva su registro (art. 4 lit. p).
19. El oficial de cumplimiento de un despacho jurídico supervisado por la Corte Suprema de Justicia renuncia el 2 de marzo. ¿En qué plazo debe comunicarse esa renuncia a la UIF y a la Corte?
El art. 9 num. 8 de la Ley Especial de 2025 distingue dos plazos: la designación o el cambio del oficial de cumplimiento y de su suplente se comunica a la UIF y a los entes de supervisión en un plazo máximo de quince días hábiles; pero en caso de despido, traslado, renuncia o sanción impuesta por el sujeto obligado en relación con sus funciones, la comunicación debe hacerse en los cinco días hábiles siguientes. La renuncia entra en el segundo supuesto. Los plazos se cuentan en días hábiles, no calendario.
20. Terminado el análisis, el notario Rafael Alvarado concluye que hay suficientes elementos de juicio para considerar sospechosa una operación de su cliente. ¿En qué plazo debe reportarla a la UIF?
El art. 24 inc. 1 de la Ley Especial de 2025 ordena reportar a la UIF las operaciones sospechosas, en los formatos autorizados, con prontitud y en un plazo máximo de veinticuatro horas después de finalizado el análisis, siempre que existan suficientes elementos de juicio para considerarlas sospechosas. El reporte debe ser oportuno, completo y concreto (inc. 2). La ley no prevé plazos de tres o diez días hábiles para este reporte, ni lo acumula con los reportes de operaciones reguladas.
21. Un despacho jurídico detecta una operación inusual de un cliente y su oficial de cumplimiento obtiene de la UIF la prórroga que permite la ley para analizarla. ¿Cuál es el plazo máximo total del que dispone para ese análisis?
El art. 24 inc. 1 de la Ley Especial de 2025 concede a los sujetos obligados, desde la detección de una operación inusual, un plazo de hasta 15 días hábiles para analizarla y determinar si procede un reporte de operación sospechosa; ese plazo puede prorrogarse por una sola vez por el mismo período, previa solicitud del oficial de cumplimiento a la UIF. Cálculo: 15 + 15 = 30 días hábiles. No caben dos prórrogas ni una prórroga por un período distinto.
22. Un cliente paga en efectivo US$ 900 por los gastos de la compraventa de inmueble que el notario le autorizará y, al pedirle datos, da explicaciones contradictorias sobre quién le dio el dinero. El notario no analiza nada porque 'el monto es muy bajo'. ¿Es correcto?
Al autorizar la compraventa de un inmueble para su cliente, el notario es sujeto obligado (art. 7 num. 7 lit. a) de la Ley Especial de 2025). El último inciso del art. 24 dispone que el monto de las operaciones o transacciones es irrelevante para los efectos del reporte de operaciones sospechosas, y que el pago ya se haya hecho no excluye el análisis ni el reporte. Una operación inusual debe analizarse y, si hay elementos suficientes, reportarse a la UIF, que es el único centro nacional de recepción de esos reportes (art. 3 inc. 2), no a la Corte Suprema de Justicia, que supervisa pero no recibe los reportes. Ningún umbral en dinero condiciona el reporte de operación sospechosa.
23. En un proceso civil, la parte demandada pide al juez que incorpore como prueba el reporte de operación sospechosa que el notario envió a la UIF sobre el demandante. ¿Qué procede?
El art. 24 inc. 4 de la Ley Especial de 2025 dispone que el reporte de operación sospechosa es confidencial, no tiene valor probatorio, se utiliza únicamente con fines de inteligencia y no debe incorporarse a los expedientes administrativos o judiciales. El reporte no es un instrumento notarial y no lleva fe pública, y su confidencialidad no depende de la voluntad del notario (art. 28).
24. Según la Ley Especial de 2025, ¿en qué plazo deben reportarse a la UIF las operaciones reguladas, como las transacciones en efectivo o las transferencias electrónicas de un cliente?
El art. 25 de la Ley Especial de 2025 ordena reportar a la UIF las transacciones en efectivo o por cualquier otro medio, las transferencias electrónicas locales o internacionales y las transacciones en activos digitales realizadas por un cliente o usuario, en un solo evento o acumuladas durante un mes y que parezcan estar vinculadas entre sí, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes de realizada la operación. El mes es el período de acumulación de las operaciones vinculadas, no el plazo para reportar.
25. Un colega le asegura que la propia Ley Especial de 2025 fija en dólares el umbral a partir del cual las operaciones en efectivo de un cliente deben reportarse como operaciones reguladas. ¿Qué le diría usted?
El art. 25 de la Ley Especial de 2025 establece el deber de reportar las operaciones reguladas y su plazo, pero dispone que el contenido de los reportes y los umbrales de dichas transacciones serán desarrollados en el reglamento de la ley, de conformidad con los estándares del GAFI. Los quince mil dólares del art. 27 se refieren a otra obligación: declarar billetes o instrumentos al portador al ingresar o salir del país. El umbral no lo decide cada notario ni lo fija la Corte Suprema de Justicia. No conviene repetir cifras que no aparecen en el texto de la ley.
26. La notaria Rosa Elena Guardado quiere conservar en formato electrónico, y no en papel, los expedientes de debida diligencia de sus clientes. ¿Lo permite la Ley Especial de 2025?
El último inciso del art. 26 de la Ley Especial de 2025 dispone que los sujetos obligados podrán hacer uso de medios electrónicos u otros mecanismos para el debido resguardo de todo tipo de información que sea objeto de la ley; no exige soporte de papel ni autorización previa de la UIF, ni manda agregar esos expedientes al protocolo. Lo que sí exige el inc. 1 es que los registros permitan reconstruir cada transacción y responder de forma inmediata a las solicitudes de los entes de supervisión, de la Fiscalía General de la República y de los tribunales.
27. Su primera escritura para un cliente frecuente fue del 15 de marzo de 2026; la última compraventa que le autorizó finalizó el 15 de mayo de 2027 y la relación de negocios terminó el 30 de junio de 2027. ¿Hasta cuándo, como mínimo, debe conservar los datos de identificación de ese cliente?
El art. 26 de la Ley Especial de 2025 fija un período no menor de quince años y distingue el punto de partida (inc. 2): la documentación de cada operación se conserva desde la finalización de cada transacción, mientras que los datos de identificación del cliente y los archivos de cuentas se conservan por el mismo plazo contado a partir de la terminación de la relación comercial. Cálculo: 30 de junio de 2027 + 15 años = 30 de junio de 2042. El 15 de mayo de 2042 es el mínimo para la documentación de esa última compraventa, no para los datos de identificación. La ley salvadoreña es más exigente que la Recomendación 11 del GAFI, que fija al menos cinco años.
28. Una semana después de que el notario Wilfredo Alfaro presentó un reporte de operación sospechosa, el cliente lo llama y le pregunta directamente si lo ha reportado a la UIF. ¿Qué debe hacer el notario?
El art. 28 de la Ley Especial de 2025 declara confidencial la información relacionada con los reportes de operaciones sospechosas, operaciones tentadas y actividades sospechosas, y prohíbe a los sujetos obligados darla a conocer a clientes, usuarios o terceros. Revelar el mero hecho del reporte ya vulnera esa prohibición, aunque no se muestre el formulario; la Recomendación 21 del GAFI llama a esta conducta revelación o 'tipping-off'. Ni la imparcialidad notarial ni el fin del análisis de la UIF levantan esa confidencialidad: la ley no prevé un momento posterior en que el notario pueda confirmárselo.
29. Durante una inspección de supervisión, el delegado de la Corte Suprema de Justicia pide al notario Roberto Carlos Quintanilla copia de los reportes de operaciones sospechosas que envió a la UIF. ¿Cómo debe actuar el notario?
El art. 28 de la Ley Especial de 2025 prohíbe a los sujetos obligados dar a conocer la información de los reportes de operaciones sospechosas a clientes, terceros, auditores 'ni a sus supervisores'; y el art. 9 num. 9, al regular los requerimientos de información de los entes de supervisión, excluye los reportes de operaciones sospechosas, los de operaciones sospechosas tentadas y los análisis de riesgo y anexos, a los cuales únicamente tiene acceso la UIF. La Corte supervisa al notario (art. 12) y puede revisar el resto de su sistema de prevención, pero no esos reportes; exhibírselos en la oficina, aunque sin copias, también es darlos a conocer al supervisor.
30. El notario Fernando Aguilar detecta indicios claros de lavado en la compraventa que va a autorizar, pero se niega a analizarla y reportarla alegando que el secreto profesional se lo impide. ¿Tiene razón?
El art. 28 inc. 2 de la Ley Especial de 2025 dispone que la información remitida a la Fiscalía o a la UIF y el envío de los reportes de operaciones sospechosas por los sujetos obligados no constituyen violación de las restricciones sobre divulgación de información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa. La ley no contiene una exención general por secreto profesional ni hace depender el reporte de que la Corte o el cliente releven al notario del secreto. Al autorizar una compraventa de inmueble, el notario es sujeto obligado (art. 7 num. 7 lit. a) y debe analizar la operación y reportarla si resulta sospechosa (arts. 9 num. 7 y 24).
31. Según la Nota Interpretativa de la Recomendación 23 del GAFI, ¿qué información de un abogado o notario suele quedar cubierta por el secreto o privilegio profesional?
Los párrafos 1 y 2 de la Nota Interpretativa de la Recomendación 23 del GAFI disponen que abogados, notarios y otros profesionales jurídicos independientes no tienen que reportar transacciones sospechosas si la información se obtuvo en circunstancias sujetas al secreto o privilegio profesional legal; cada país determina esas materias, que normalmente cubren la información recibida del cliente al verificar su estatus legal o al defenderlo o representarlo en procesos judiciales, administrativos, de arbitraje o mediación. No abarca toda la información del cliente: la compraventa de inmuebles y la administración de dinero o cuentas son justamente actividades por las que deben reportar (Recomendaciones 22 lit. d) y 23 lit. a)).
32. Al revisar con su cliente el proyecto de escritura, usted le advierte que la operación que propone sería ilegal y trata de convencerlo de que desista. ¿Constituye eso una revelación prohibida según el GAFI?
El párrafo 4 de la Nota Interpretativa de la Recomendación 23 del GAFI aclara que, cuando abogados, notarios y otros profesionales jurídicos independientes tratan de disuadir a un cliente para que no se involucre en una actividad ilegal, esto no significa revelación ('tipping-off'). Lo prohibido (Recomendación 21 lit. b) y, en El Salvador, art. 28 de la Ley Especial de 2025) es revelar que se está entregando a la UIF un reporte o información relacionada: por eso anunciar al cliente que se le reportará sí sería revelación.
33. ¿Cómo clasifica la Ley Especial de 2025 las infracciones administrativas en que pueden incurrir los sujetos obligados, como los notarios?
El art. 30 de la Ley Especial de 2025 clasifica las infracciones administrativas en graves y muy graves; no existe una categoría de leves ni de menos graves. Las graves se enumeran en el art. 31 (por ejemplo, no aplicar medidas de debida diligencia o no reportar a la UIF) y las muy graves en el art. 32 (por ejemplo, no conservar la información en los términos de la ley). La gravedad del daño o del peligro se toma en cuenta al imponer la sanción (art. 30 inc. 2), no para crear otra categoría.
34. La Corte Suprema de Justicia comprueba que un notario, que ejerce como persona natural, reveló a un tercero información confidencial relacionada con un reporte enviado a la UIF. ¿Qué multa prevé la Ley Especial de 2025?
Revelar la información que la ley califica como confidencial es infracción muy grave (art. 32 num. 1 de la Ley Especial de 2025). Para las infracciones muy graves, el art. 35 inc. 1 fija a las personas naturales una multa desde 201 hasta 400 salarios mínimos mensuales vigentes del sector comercio; de 501 a 1,000 es la multa de las personas jurídicas. Hasta 200 corresponde a las infracciones graves de personas naturales (art. 34 inc. 1), y de 101 a 200 a los directores, administradores o empleados responsables en las muy graves (art. 35 inc. 3). Aparte de la sanción administrativa, la conducta puede constituir el delito de revelación indebida de información (art. 44).
35. La Corte Suprema de Justicia inicia un procedimiento sancionador contra el notario Julio César Mendoza por no haber aplicado medidas de debida diligencia a sus clientes. ¿Qué ley rige las garantías de ese procedimiento?
El art. 29 de la Ley Especial de 2025 dispone que las sanciones las impone la autoridad que ejerce la supervisión (para los notarios, la Corte Suprema de Justicia, art. 12) y que para imponerlas se observan los principios y garantías del debido proceso conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos, con aplicación proporcional y disuasiva; el art. 57 añade que en lo administrativo no regulado se aplica esa misma ley. No aplicar medidas de debida diligencia es infracción grave (art. 31 num. 2), de naturaleza administrativa y no penal, por lo que no se tramita con el Código Procesal Penal.
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