🖋️ Función notarial: Ley de Notariado, protocolo, instrumentos, actas y poderes

1. Según la Ley de Notariado, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la función que ejerce el notario en El Salvador?

1. Es un servicio privado de asesoría cuya fe depende de una ratificación judicial posterior
2. Es una profesión liberal privada que adquiere carácter público solo al inscribirse el instrumento
3. Es una delegación de la Corte que convierte al notario en empleado del Órgano Judicial
4. Es una función pública: el notario actúa como delegado del Estado que da fe de lo otorgado

Conforme al art. 1 inc. 1 de la Ley de Notariado, el notariado es una función pública y, en consecuencia, el notario es un delegado del Estado que da fe de los actos, contratos y declaraciones que ante sus oficios se otorguen. La Corte Suprema de Justicia lo autoriza y vigila (art. 4 y art. 182 atr. 12.ª Cn.), pero no lo convierte en empleado del Órgano Judicial; y su fe no depende de inscripción registral ni de ratificación judicial alguna.

2. Ante sus oficios notariales, Carlos Mejía vende un inmueble y declara en la escritura haber recibido el precio en efectivo días antes del acto. Meses después afirma que nunca se le pagó. Conforme a la Ley de Notariado, ¿qué cubre la fe pública plena del notario respecto de ese contrato?

1. La identidad de los otorgantes, pues el resto del contenido vale como documento privado
2. La veracidad del pago declarado, porque toda manifestación de las partes queda amparada por la fe
3. El hecho de haberse otorgado la escritura en la forma, lugar, día y hora que en ella se expresa
4. La sinceridad de las declaraciones, salvo que el notario haya omitido exigir el comprobante

El art. 1 inc. 2 de la Ley de Notariado distingue dos alcances: la fe pública es plena respecto de los hechos que el notario personalmente ejecuta o comprueba y, en los actos y contratos que autoriza, es plena tocante al hecho de haber sido otorgados en la forma, lugar, día y hora que el instrumento expresa. El pago anterior al acto no lo presenció el notario: consta que Carlos lo declaró, no que sea cierto. La fuerza probatoria del instrumento se rige por las leyes respectivas (art. 1 inc. 3); por eso no se reduce a la identidad de los otorgantes.

3. Según la Ley de Notariado, ¿qué instituciones deben coordinar la capacitación permanente en materia notarial de los jefes de misión diplomática y de los funcionarios consulares?

1. El Ministerio de Hacienda y Relaciones Exteriores, que suministran y folian sus protocolos
2. La Sección del Notariado por sí sola, como oficina que legaliza los protocolos consulares
3. El Consejo Nacional de la Judicatura y la Cancillería, mediante un programa anual obligatorio
4. La Corte Suprema de Justicia, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores

El art. 68 inc. 2 de la Ley de Notariado (reforma D.L. 1139/2003) dispone que la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores deberán coordinar acciones para la capacitación permanente de estos funcionarios en materia notarial. La Sección del Notariado legaliza los libros consulares (art. 72) y el Ministerio de Hacienda suministra las hojas, pero la ley no les encarga la capacitación; el Consejo Nacional de la Judicatura no figura en esta norma.

4. El esposo de la notaria Elena Marroquín quiere vender a un tercero un inmueble situado en San Miguel, que es bien propio de él, y le pide a ella que autorice la escritura de compraventa. ¿Qué le diría usted?

1. No puede: la venta da provecho directo a su cónyuge, que es quien recibe el precio
2. Puede autorizarla, porque el comprador es un tercero y el provecho del acto es solo de este
3. Puede autorizarla si el inmueble es bien propio del esposo y no forma parte de la comunidad
4. Puede autorizarla, porque la prohibición solo alcanza a sus parientes por consanguinidad

El art. 9 inc. 1 de la Ley de Notariado prohíbe especialmente a los notarios autorizar instrumentos en que resulte o pueda resultar algún provecho directo para ellos mismos, para sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 'o a su cónyuge'. En la compraventa el vendedor recibe el precio: el esposo es parte y obtiene provecho directo, sea el bien propio o común. La venta no figura entre los actos que el inc. 2 permite autorizar a parientes y cónyuge (poderes, sustituciones, cancelaciones a su favor, actos en que solo ellos se obligan), y la violación produce la nulidad del instrumento (art. 9 inc. final).

5. El notario Mauricio Henríquez viaja de vacaciones a Los Ángeles. Una compatriota le pide que le autorice allí un poder especial para vender un terreno situado en San Miguel, que solo surtirá efectos en El Salvador. ¿Qué le diría usted?

1. Puede autorizarlo en el extranjero, porque el acto solo debe surtir efectos en El Salvador
2. Puede hacerlo solo si el consulado le delega por escrito su función notarial para ese acto
3. No puede: fuera del territorio nacional la función notarial corresponde solo a los cónsules
4. Puede autorizarlo, pero el poder deberá protocolizarse luego en un juzgado de lo civil

Según el art. 3 de la Ley de Notariado (reforma D.L. 48/1978), el notario también puede ejercer su función en cualquier día y hora en países extranjeros para autorizar actos, contratos o declaraciones que solo deban surtir efectos en El Salvador. Los cónsules tienen su propia función notarial (art. 5), pero no exclusiva para estos actos; además, esa función consular es indelegable (art. 68), de modo que no cabe una 'delegación' del consulado.

6. ¿Qué autoridad concede la autorización para ejercer la función notarial en El Salvador?

1. La Sección del Notariado, que expide el título de notario al legalizar el primer protocolo
2. La Sala de lo Civil, mediante resolución que luego ratifica el Consejo Nacional de la Judicatura
3. El Ministerio de Justicia, previa inscripción del abogado en el registro de profesionales
4. La Corte Suprema de Justicia, mediante acuerdo que se publica en el Diario Oficial

El art. 4 inc. 1 de la Ley de Notariado establece que solo podrán ejercer la función del notariado quienes estén autorizados por la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con la ley; y el art. 182 atr. 12.ª de la Constitución atribuye a la Corte autorizar a los abogados y ejercer 'las mismas facultades' respecto de los notarios. Los acuerdos de autorización se publican en el Diario Oficial (art. 10 inc. 3). La Sección del Notariado legaliza protocolos, pero no autoriza notarios; tampoco intervienen el Ministerio de Justicia ni el Consejo Nacional de la Judicatura.

7. El abogado hondureño Julio Ramos está autorizado para ejercer la abogacía en El Salvador y reside en San Salvador desde hace un año. ¿Puede obtener ya la autorización notarial?

1. No, porque únicamente los salvadoreños por nacimiento pueden obtener la autorización notarial
2. Sí, porque a los centroamericanos solo se les exige estar autorizados para ejercer la abogacía
3. Todavía no: a los centroamericanos se les exige al menos dos años de residencia en el país
4. Sí, con tal de que acredite cinco años de ejercicio notarial en su país antes de pedirla

El art. 4 inc. final de la Ley de Notariado permite obtener la autorización a los centroamericanos autorizados para ejercer la abogacía en la República que tengan por lo menos dos años de residencia en El Salvador, que no estén inhabilitados para el notariado en su país y siempre que allí puedan ejercerlo los salvadoreños con requisitos similares. Aunque cumpliera los demás requisitos, a Julio le falta la residencia: con un año, aún no califica. La ley no exige ser salvadoreño por nacimiento ni años previos de ejercicio notarial.

8. Una abogada centroamericana, autorizada para ejercer la abogacía en El Salvador, reside en el país desde hace tres años y no tiene inhabilitación alguna. Suponga que la legislación de su país de origen no permite a los salvadoreños ejercer allí el notariado con requisitos similares. ¿Qué debe resolver la Corte?

1. Concederla en forma provisional por un año mientras se negocia un convenio de reciprocidad
2. Remitir el caso a Relaciones Exteriores, único órgano competente para decidir la solicitud
3. Concederla, porque una residencia de tres años sustituye cualquier exigencia de reciprocidad
4. Denegar la autorización, porque la ley la condiciona a la reciprocidad con el país de origen

El art. 4 inc. final de la Ley de Notariado exige a los centroamericanos, además de dos años de residencia y de no estar inhabilitados en su país, que en este 'puedan ejercer dicha función los salvadoreños, sin más requisitos que los similares' a los salvadoreños: es una condición de reciprocidad. Si falta, la Corte, conforme al art. 11, deniega la autorización. La residencia no suple la reciprocidad y la ley no prevé autorizaciones provisionales ni competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

9. ¿En qué período debe la Corte Suprema de Justicia publicar la nómina anual con las modificaciones a la lista permanente de notarios?

1. En la segunda quincena de enero de cada año, junto con la legalización de los nuevos protocolos
2. En el mes de julio de cada año, al coincidir con el cierre semestral de la Sección del Notariado
3. Dentro de los treinta días siguientes a cada juramentación de nuevos notarios ante la Corte Plena
4. En la primera quincena de diciembre de cada año, con autorizaciones, suspensiones y rehabilitaciones

El art. 14 de la Ley de Notariado ordena a la Corte Suprema de Justicia formular y publicar en el Diario Oficial, en la primera quincena del mes de diciembre de cada año, una nómina por orden alfabético con las modificaciones a la lista permanente en razón de nuevas autorizaciones, suspensiones y rehabilitaciones.

10. El notario Óscar Alfaro, autorizado desde 2019, advierte que su nombre no aparece en la última nómina anual publicada por la Corte. Un cliente duda de si puede otorgar ante él una compraventa. ¿Qué le diría usted?

1. Debe abstenerse de autorizar instrumentos hasta que la Corte le publique una nueva autorización
2. Sus instrumentos serán anulables mientras su nombre no conste en la nómina del año en curso
3. Puede seguir ejerciendo: la omisión no lo inhabilita y puede pedir que se adicione su nombre
4. Debe repetir el trámite de autorización, porque la omisión en la nómina equivale a una exclusión

Conforme al art. 15 de la Ley de Notariado, la omisión del nombre de un notario en la nómina anual no le impide el ejercicio del notariado si estuviere autorizado conforme a la ley; la Corte, de oficio o a petición del interesado, manda ampliar la nómina y publica la adición en el Diario Oficial. Además, un notario autorizado solo puede ser excluido por resolución de la Corte (art. 10 inc. final).

11. Un juez de lo civil, molesto por los errores de un notario en varias escrituras presentadas en un proceso, ordena en su sentencia 'excluirlo de la nómina de notarios'. ¿Qué efecto tiene esa orden sobre la autorización del notario?

1. Lo excluye de inmediato, porque cualquier juez puede suspender a los notarios que actúan ante él
2. Lo suspende por seis meses, plazo máximo que pueden imponer los jueces de primera instancia
3. Lo excluye en cuanto la sentencia quede firme y se comunique a la Sección del Notariado
4. Ninguno: solo la Corte puede excluir a un notario, por resolución y en los casos legales

El art. 10 inc. final de la Ley de Notariado dispone que, autorizado un notario, no podrá ser excluido de la nómina sino por resolución de la Corte, dictada conforme al art. 11 y en los casos que este contempla (arts. 6, 7 y 8). La Constitución reserva a la Corte suspender, inhabilitar y rehabilitar a los notarios (art. 182 atr. 12.ª). El juez puede poner los hechos en conocimiento de la Corte, que puede actuar de oficio.

12. Los acuerdos de la Corte Suprema de Justicia que autorizan a nuevos abogados para ejercer el notariado, ¿dónde deben publicarse según la Ley de Notariado?

1. En el Diario Oficial, igual que los acuerdos que amplían la nómina de notarios autorizados
2. En el tablero de avisos de la Sección del Notariado, por tratarse de un acto interno
3. En la Revista Judicial, que es el único medio oficial de difusión de los acuerdos de la Corte
4. En dos periódicos de circulación nacional, a costa del abogado que solicita la autorización

El art. 10 de la Ley de Notariado prevé un acuerdo con la nómina alfabética de los abogados autorizados en forma permanente, ampliada por acuerdos especiales para quienes en lo sucesivo llenen los requisitos, y su inc. 3 ordena que esos acuerdos se publiquen en el Diario Oficial. La ley no prevé su publicación en periódicos ni la limita a medios internos.

13. Ernesto Guzmán, salvadoreño, obtuvo su título de licenciado en Ciencias Jurídicas, pero aún no ha sido autorizado para ejercer la abogacía. ¿Puede solicitar desde ya la autorización para ejercer el notariado?

1. No, porque uno de los requisitos es estar ya autorizado para el ejercicio de la abogacía
2. Sí, porque el título de licenciado basta para tramitar al mismo tiempo ambas autorizaciones
3. Sí: basta presentar la solicitud ante la Sección del Notariado con su título original
4. No, porque antes debe acreditar cinco años de ejercicio profesional como abogado

El art. 4 inc. 2 de la Ley de Notariado enumera los requisitos para la autorización; entre ellos, n.º 1 ser salvadoreño y n.º 2 estar autorizado para el ejercicio de la profesión de abogado en la República. Sin esa autorización previa, Ernesto no califica. La ley no exige años previos de ejercicio como abogado, y la autorización la concede la Corte, no la Sección del Notariado.

14. Según el art. 6 de la Ley de Notariado, ¿a partir de qué edad deja de existir la incapacidad por edad para ejercer el notariado?

1. A los veintiún años: los menores de esa edad son incapaces para ejercer el notariado
2. A los treinta años, como requisito de madurez profesional fijado por la Corte Suprema
3. A los veinticinco años, edad mínima que la ley fija para recibir el sello notarial de la Corte
4. A los dieciocho años, edad en que se adquiere la mayoría de edad y la capacidad civil plena

El art. 6 n.º 1 de la Ley de Notariado declara incapaces para ejercer el notariado a los menores de veintiún años. La ley no fija otras edades mínimas ni vincula la edad a la entrega del sello.

15. La notaria Gloria Mendoza fue condenada por sentencia ejecutoriada a una sanción penal y goza de libertad restringida durante el tiempo que señala la sentencia. Sostiene que, al no estar recluida, puede seguir autorizando escrituras. ¿Qué le diría usted?

1. Puede ejercer, salvo para autorizar testamentos, que exigen un notario sin antecedentes
2. Es incapaz durante el tiempo que señale la sentencia, aunque goce de libertad restringida
3. Puede ejercer, porque la incapacidad solo alcanza a quien cumple la pena en un centro penal
4. Es incapaz de por vida, porque toda condena penal firme produce la inhabilitación notarial

El art. 6 n.º 5 de la Ley de Notariado declara incapaces a los condenados por sentencia ejecutoriada a una sanción penal, durante el tiempo que señale la sentencia, 'aun cuando gocen de libertad restringida'. La incapacidad es temporal: las causales de inhabilitación son otras (venalidad, cohecho, fraude y falsedad, art. 7), y la ley no distingue por clase de instrumento.

16. Un acreedor informa a la Corte Suprema de Justicia que el notario Raúl Pineda ha sido declarado en concurso de acreedores por sus deudas personales. ¿Qué consecuencia prevé la Ley de Notariado?

1. Queda impedido únicamente para escrituras de mutuo y de garantías hipotecarias o prendarias
2. Los concursados son incapaces para el notariado, y la Corte debe declararlo así en su caso
3. Debe rendir fianza ante la Sección del Notariado para seguir ejerciendo durante el concurso
4. Ninguna, porque las deudas personales del notario no afectan su capacidad para dar fe

El art. 6 n.º 4 de la Ley de Notariado incluye entre los incapaces para ejercer el notariado a 'los quebrados y los concursados', sin distinguir el origen de las deudas. Conforme al art. 11, la Corte, a pedimento de parte interesada o de oficio, declara la incapacidad en forma sumaria, oyendo al Fiscal de la Corte y al notario. La ley no prevé limitaciones parciales por tipo de acto ni fianzas para seguir ejerciendo.

17. Cumplido el tiempo de la sanción penal que señaló su sentencia, el abogado Héctor Molina, cuya incapacidad para el notariado había sido declarada por la Corte, quiere volver a autorizar instrumentos. ¿Cuál es el camino correcto?

1. Promover un proceso común de rehabilitación ante un juez de lo civil de su domicilio
2. Solicitar una nueva autorización notarial y repetir el trámite inicial como si nunca la tuviera
3. Pedir a la Corte su rehabilitación, que se tramita en forma sumaria oyendo al Fiscal de la Corte
4. Reanudar el ejercicio sin trámite, porque la incapacidad cesa por el solo paso del tiempo

El art. 13 de la Ley de Notariado dispone que la Corte Suprema de Justicia rehabilitará a los notarios cuando hayan desaparecido las causas que motivaron su exclusión, procediendo en forma sumaria y oyendo al Fiscal de la Corte; el art. 182 atr. 12.ª Cn. le atribuye rehabilitarlos 'por causa legal'. Como su exclusión fue declarada, solo la Corte puede reintegrarlo a la nómina (art. 10 inc. final); no es competencia de un juez civil ni exige una autorización nueva.

18. ¿Cuál de las siguientes situaciones no figura entre las incapacidades para ejercer el notariado que enumera el art. 6 de la Ley de Notariado?

1. Estar suspendido en el ejercicio del notariado por resolución de la Corte Suprema
2. Haber cumplido setenta y cinco años sin presentar a la Corte un examen médico anual
3. No haber cumplido todavía la edad mínima que la ley exige para ejercer el notariado
4. No encontrarse en pleno uso de sus facultades mentales al tiempo de ejercer la función

El art. 6 de la Ley de Notariado enumera como incapaces: n.º 1 los menores de veintiún años; n.º 2 los ciegos, los mudos y los sordos; n.º 3 los que no estén en pleno uso de sus facultades mentales; n.º 4 los quebrados y concursados; n.º 5 los condenados por sentencia ejecutoriada durante el tiempo que esta señale; y n.º 6 los inhabilitados o suspendidos por resolución de la Corte. La ley no fija edad máxima ni exámenes médicos periódicos.

19. ¿Cuáles son las causales de inhabilitación para el ejercicio del notariado que enumera el art. 7 de la Ley de Notariado?

1. La venalidad, el cohecho, el fraude y la falsedad del notario
2. El cohecho, la falsedad, la mala conducta y el concurso del notario
3. La venalidad, el fraude, la negligencia grave y la quiebra del notario
4. El fraude, la falsedad, la ignorancia grave y la ceguera del notario

El art. 7 de la Ley de Notariado dispone: 'Son causales de inhabilitación, la venalidad, el cohecho, el fraude y la falsedad', en concordancia con el art. 182 atr. 12.ª Cn. Las demás opciones mezclan esas causales con supuestos de otra naturaleza: la negligencia o ignorancia graves y la mala conducta profesional son causales de suspensión (art. 8 n.º 1 y 2), mientras que la quiebra, el concurso y la ceguera son incapacidades (art. 6 n.º 2 y 4).

20. Se comprueba que la notaria Karla Escobar recibió dinero de un comprador para hacer constar en una escritura una fecha anterior a la real. ¿Qué medida corresponde según la Ley de Notariado?

1. Suspensión temporal por seis meses, por tratarse de la primera falta que se le comprueba
2. Multa de cinco a veinticinco colones, como infracción que no produce nulidad
3. Solo responsabilidad civil frente al vendedor por los daños y perjuicios causados
4. Inhabilitación, porque recibir dinero para falsear la fecha es venalidad y falsedad

Recibir dinero para faltar a la verdad sobre la fecha del instrumento es venalidad y falsedad, causales de inhabilitación del art. 7 de la Ley de Notariado (y del art. 182 atr. 12.ª Cn.). La Corte la declara conforme al art. 11. La suspensión (art. 8) se reserva a supuestos como la negligencia o ignorancia graves; la responsabilidad civil por daños (art. 62) se suma a la inhabilitación, no la sustituye; y la multa de cinco a veinticinco colones del art. 63 inc. 1 castiga infracciones menores que no producen nulidad, no la venalidad.

21. La Corte comprueba que el notario Fernando Lemus, por ignorancia grave, ha incumplido reiteradamente sus obligaciones notariales, sin que haya venalidad ni fraude. ¿Qué medida prevé la Ley de Notariado para este supuesto?

1. La suspensión, por no dar suficiente garantía en el ejercicio de sus funciones
2. La inhabilitación, porque toda ignorancia grave equivale legalmente al fraude
3. La incapacidad permanente, reservada a quienes incumplen de forma reiterada
4. La nulidad de sus escrituras, sin medida alguna sobre su autorización notarial

El art. 8 n.º 1 de la Ley de Notariado permite suspender a los notarios que, por incumplimiento de sus obligaciones notariales, por negligencia o ignorancia graves, no dieren suficiente garantía en el ejercicio de sus funciones. La inhabilitación se reserva a la venalidad, el cohecho, el fraude y la falsedad (art. 7). La ley no conoce una 'incapacidad permanente' por reiteración.

22. Contra el notario Samuel Orellana se dicta auto de detención en una causa por un delito doloso que admite excarcelación, la cual todavía no se le ha concedido. ¿Cuál es su situación según la Ley de Notariado?

1. Queda inhabilitado en forma automática desde que se dicta el auto, sin resolución de la Corte
2. Ninguna, porque solo una sentencia condenatoria firme afecta su autorización notarial
3. Podría ser suspendido únicamente si el delito no admitiera excarcelación según la ley
4. Puede ser suspendido en el ejercicio mientras la excarcelación no le haya sido concedida

El art. 8 n.º 3 de la Ley de Notariado permite suspender a quienes tuvieren auto de detención en causa por delito doloso que no admita excarcelación, 'o por delitos excarcelables mientras aquella no se haya concedido'. El caso de Samuel encaja en la segunda hipótesis. La suspensión la declara la Corte por el procedimiento del art. 11; no es una inhabilitación automática.

23. ¿Qué estableció la Sala de lo Constitucional en la sentencia 204-2016 (D.O. del 23 de junio de 2022) sobre la causal de suspensión por mala conducta profesional o privada notoriamente inmoral del art. 8 n.º 2?

1. Que la causal desaparece y que todas las suspensiones ya impuestas con ella son nulas de pleno derecho
2. Que en adelante la competencia para suspender por esa causal corresponde a la Sala de lo Constitucional
3. Que la conducta privada nunca puede sancionarse y que solo subsiste la mala conducta profesional
4. Que su regulación es deficiente: la Asamblea debe precisarla y, entretanto, la Corte debe motivar

Según la nota del texto consolidado de la Ley de Notariado, la sentencia 204-2016 declaró la inconstitucionalidad por omisión parcial del art. 8 n.º 2, por regulación deficiente del art. 182 atr. 12.ª Cn.: la Asamblea Legislativa debe definir qué es mala conducta profesional o conducta privada notoriamente inmoral, o fijar parámetros; los casos pasados no se consideran automáticamente violatorios; y, mientras no se legisle, la Corte Suprema de Justicia debe argumentar suficientemente sus razones siguiendo los parámetros de la sentencia. La competencia sigue en la Corte.

24. Al tramitar la suspensión de un notario, ¿cómo debe proceder la Corte Suprema de Justicia según el art. 11 de la Ley de Notariado?

1. En forma sumaria, oyendo al Fiscal de la Corte y al notario, y resolviendo con robustez moral de prueba
2. Por vía administrativa ante la Sección del Notariado, con apelación posterior ante la Corte Plena
3. Mediante un juicio ordinario en el que la carga de la prueba corresponde siempre al denunciante
4. En proceso común ante la Sala de lo Civil, con prueba tasada y doble instancia a favor del notario

El art. 11 de la Ley de Notariado ordena a la Corte proceder en forma sumaria, oyendo al Fiscal de la Corte y al notario (o, en su defecto, al Procurador de Pobres del mismo Tribunal); la Corte recoge de oficio las pruebas pertinentes y resuelve 'con solo la robustez moral' de las que resulten. El art. 182 atr. 12.ª Cn. confirma que en la suspensión e inhabilitación la Corte resuelve con sólo robustez moral de prueba.

25. En el procedimiento para declarar la inhabilitación del notario Wilfredo Campos, este se encuentra fuera del país y no es posible oírlo. ¿A quién debe oír la Corte en su defecto?

1. A un curador ad litem que nombre un juez de lo civil a solicitud del Fiscal de la Corte
2. Al Procurador de Pobres de la propia Corte, que suple al notario ausente o imposibilitado
3. Al Procurador General de la República, por tratarse de un asunto de interés público
4. A nadie, porque la ausencia del notario suspende el procedimiento hasta su regreso al país

El art. 11 de la Ley de Notariado exige oír al Fiscal de la Corte y al notario 'o en su defecto, por ausencia o imposibilidad de éste, al Procurador de Pobres del mismo Tribunal' (denominación que conserva el texto vigente). La ausencia no suspende el procedimiento ni requiere un curador nombrado por un juez de lo civil.

26. Publicada la resolución que suspende a un notario, ¿qué debe hacer este con su protocolo y su sello notarial?

1. Conservarlos bajo su custodia mientras dure la suspensión, sin usarlos durante ese tiempo
2. Remitirlos a la Fiscalía General de la República dentro de los treinta días siguientes
3. Devolverlos a la oficina que legalizó su protocolo, en quince días desde la publicación
4. Entregarlos al juez de paz de su domicilio dentro de los tres días hábiles siguientes

El art. 12 de la Ley de Notariado ordena publicar en el Diario Oficial la resolución dictada en los casos del art. 11 (incapacidad, inhabilitación o suspensión) y dispone que el notario deberá devolver su protocolo a la oficina que lo legalizó, juntamente con el sello notarial, dentro del término de quince días contados desde la fecha de la publicación. No puede conservarlos durante la suspensión.

27. Vencido el término legal, la notaria inhabilitada Lorena Cañas no ha devuelto su protocolo ni su sello. ¿Qué prevé la Ley de Notariado para este caso?

1. Procede el apremio y, si aun así no los devuelve, la Corte ordenará enjuiciarla
2. Se tendrá por extraviado el protocolo y se iniciará de oficio su reposición judicial
3. La Corte le prorrogará el término por quince días más antes de tomar otra medida
4. Se le impondrá una multa diaria hasta que entregue el protocolo y el sello a la Corte

Según el art. 12 de la Ley de Notariado, si transcurrido el término de quince días no se verifica la devolución, el funcionario respectivo decretará que se haga por apremio; y si ni aun así se logra, lo pondrá en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, la que ordenará el enjuiciamiento del culpable. La ley no prevé multas diarias, prórrogas ni la reposición del protocolo para este supuesto.

28. Un cliente perjudicado quiere que la Corte suspenda a un notario negligente, pero cree que solo la Fiscalía puede promover el procedimiento. ¿Qué le aclararía usted?

1. El Fiscal de la Corte tiene la exclusiva para promoverlo; el cliente puede aportar información
2. La Corte procede a pedimento de cualquier parte interesada o de oficio, sin denuncia fiscal
3. Antes debe obtener una sentencia civil de daños que declare la negligencia del notario
4. Debe presentar querella penal, porque la suspensión es una pena que impone el juez penal

El art. 11 de la Ley de Notariado dispone que en los casos de los arts. 6, 7 y 8 la Corte Suprema de Justicia actúa 'a pedimento de parte interesada o de oficio'. El Fiscal de la Corte debe ser oído, pero no tiene la exclusiva de la iniciativa. La suspensión es una medida de la Corte (art. 182 atr. 12.ª Cn.), independiente de la acción civil de daños (art. 62) y de cualquier proceso penal.

29. El notario Rodrigo Aguilar compra un terreno en La Libertad y, para ahorrar costos, decide autorizar él mismo la escritura de compraventa en la que figura como comprador. ¿Qué consecuencia tiene?

1. Es válida, porque puede autorizar por sí y ante sí cualquier acto en que sea parte
2. Es válida, aunque el notario incurre en multa por una infracción formal de la ley
3. Es válida si dos testigos instrumentales dan fe de la voluntad libre del vendedor
4. Es nula: no puede autorizar instrumentos que le reporten provecho directo

El art. 9 inc. 1 de la Ley de Notariado prohíbe especialmente a los notarios autorizar instrumentos en que resulte o pueda resultar algún provecho directo para ellos mismos, y su inciso final dispone que la violación produce la nulidad del instrumento. Lo que puede hacer 'por sí y ante sí' es una lista cerrada (su testamento, poderes, sustituciones, cancelaciones a su favor y actos en que solo él se obliga), que no incluye comprar.

30. Andrea Montes, abogada de nacionalidad colombiana, está autorizada para ejercer la abogacía en El Salvador y reside en San Salvador desde hace ocho años. Le consulta si puede pedir a la Corte su autorización como notaria. ¿Qué le respondería?

1. Sí, siempre que acredite reciprocidad entre Colombia y El Salvador para los notarios
2. Sí, porque ocho años de residencia superan los dos que la ley exige a los extranjeros
3. No: la ley la reserva a los salvadoreños y, con requisitos, a los centroamericanos
4. Sí, pero solo para autorizar actos que deban surtir sus efectos fuera de El Salvador

El art. 4 de la Ley de Notariado exige para la autorización ser salvadoreño (n.º 1) y estar autorizado para ejercer la abogacía en la República (n.º 2); su inciso final extiende la posibilidad únicamente a los centroamericanos autorizados para ejercer la abogacía, con al menos dos años de residencia, sin inhabilitación en su país y con reciprocidad. Andrea no es salvadoreña ni centroamericana: ni la residencia ni la reciprocidad le abren una vía que la ley no prevé para otros extranjeros, y la ley no conoce autorizaciones limitadas a actos con efectos en el exterior.

31. El abogado Ricardo Peraza solicita a la Corte su autorización para ejercer el notariado. Durante el trámite se establece que existe contra él auto de detención en una causa por delito doloso que no admite excarcelación. ¿Qué debe resolver la Corte?

1. Concederla y suspenderlo luego, porque el art. 8 solo se aplica a quien ya es notario
2. Aplazarla hasta la sentencia definitiva, sin facultad alguna para denegar la solicitud
3. Concederla, porque solo una sentencia condenatoria firme impide autorizar a un abogado
4. Denegarla: las causales de los arts. 6 a 8 también impiden conceder la autorización

El art. 8 n.º 3 de la Ley de Notariado prevé la suspensión de quienes tuvieren auto de detención en causa por delito doloso que no admita excarcelación. Conforme al art. 11, en los casos de los arts. 6, 7 y 8 la Corte, a pedimento de parte o de oficio, 'denegará la autorización para el ejercicio del notariado que se le haya pedido' o declarará la incapacidad, inhabilitación o suspensión del ya autorizado, en forma sumaria y oyendo al Fiscal de la Corte. La causal opera, pues, desde la solicitud: no hay que esperar a que sea notario ni a una sentencia firme.

32. Don Ernesto Linares, padre del notario Felipe Linares, prestó dinero con garantía hipotecaria a un vecino. Pagada la deuda, don Ernesto quiere otorgar ante su hijo la cancelación de esa hipoteca. ¿Puede el notario autorizarla?

1. No: el padre obtiene provecho directo y el instrumento sería nulo según el art. 9
2. Sí, pero solo después de que un juez de paz verifique el pago total de la deuda
3. Sí: puede autorizar que su padre cancele obligaciones contraídas a su favor
4. No, salvo que el deudor comparezca y consienta que actúe el hijo del acreedor

El art. 9 inc. 1 de la Ley de Notariado permite a los notarios, por sí y ante sí, entre otros actos, 'cancelar obligaciones contraídas a favor de ellos'; y su inc. 2 les permite autorizar los instrumentos que otorguen sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o su cónyuge, 'en los casos a que se refiere la parte final del inciso anterior excepto el testamento'. El padre está en primer grado y cancela una obligación contraída a su favor: el acto está permitido y la ley no exige verificación judicial ni el consentimiento del deudor.

33. La notaria Beatriz Hernández debe autorizar la compraventa de un inmueble en la que el comprador es Gerardo, hijo de un primo hermano de ella. Computando los grados como lo hace el Código de Familia, ¿alcanza a este acto la prohibición del art. 9 de la Ley de Notariado?

1. Sí: Gerardo está en cuarto grado de consanguinidad, igual que el primo hermano de ella
2. No: en la línea colateral la prohibición solo llega hasta el tercer grado, los tíos
3. No: Gerardo está en quinto grado colateral, fuera del cuarto grado que fija la ley
4. Sí: en la línea colateral la prohibición del art. 9 no tiene límite alguno de grado

Según el art. 131 del Código de Familia, la proximidad del parentesco se determina por el número de generaciones y cada generación constituye un grado; en la línea colateral se suman las generaciones que separan a cada pariente del ascendiente común. De Beatriz a su abuelo, ascendiente común, hay 2 generaciones; del abuelo al primo hermano, 2; y del primo a su hijo Gerardo, 1 más: 2 + (2 + 1) = 5 (recalculado en Python). El art. 9 de la Ley de Notariado solo prohíbe autorizar instrumentos de provecho directo para parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad, y el art. 132 C. Fam. solo reconoce el parentesco colateral hasta el cuarto grado: el quinto grado queda fuera y la compraventa puede autorizarse.

34. El notario Luis Arévalo debe autorizar una compraventa de inmueble en la que el comprador es Tomás, esposo de la hermana de la cónyuge del notario. ¿Alcanza a este acto la prohibición del art. 9 de la Ley de Notariado?

1. Sí: el esposo de una cuñada es pariente afín del notario y obtiene provecho directo
2. No: la afinidad une a un cónyuge con los consanguíneos del otro, y Tomás no lo es
3. No, pero solo si la cónyuge del notario renuncia por escrito a cualquier provecho del acto
4. Sí: la prohibición se extiende a todos los parientes de la cónyuge, sin límite de grado

El art. 129 del Código de Familia define el parentesco por afinidad como el existente entre uno de los cónyuges y los consanguíneos del otro. Tomás no es consanguíneo de la esposa del notario (es esposo de la hermana de ella), de modo que no es afín del notario; el art. 9 de la Ley de Notariado solo alcanza la afinidad hasta el segundo grado (y el art. 132 C. Fam. reconoce la afinidad hasta ese grado). Por tanto, la prohibición no se aplica a esta compraventa.

35. La notaria Patricia Flores recibe a un cliente que vende un inmueble a Mario, hermano del esposo de ella. ¿Puede autorizar la escritura de compraventa?

1. No, porque toda venta a un pariente del cónyuge es nula, sin importar el grado
2. Sí, porque el parentesco por afinidad no está comprendido en la prohibición del art. 9
3. No, porque Mario es su pariente por afinidad en segundo grado y obtiene provecho
4. Sí, porque la prohibición solo alcanza a la afinidad en primer grado, como los suegros

Mario es consanguíneo en segundo grado del esposo de Patricia (hermano: 1 + 1 = 2) y, por tanto, afín de ella en segundo grado (Código de Familia, arts. 129 y 131). El art. 9 de la Ley de Notariado prohíbe autorizar instrumentos con provecho directo para parientes dentro del segundo grado de afinidad; la compraventa le reporta a Mario la adquisición del inmueble. La prohibición no alcanza a todo pariente del cónyuge, sino hasta el segundo grado de afinidad, y su violación produce nulidad.