💻 Firma electrónica, activos digitales y propiedad intelectual

1. Según la Ley de Firma Electrónica, ¿qué distingue a la firma electrónica certificada de la firma electrónica simple?

1. Se estampa sobre el documento impreso y luego se digitaliza para remitirla por correo electrónico
2. Solo puede usarla un notario autorizado por la Corte Suprema de Justicia en actos de su función
3. Se genera con un dispositivo seguro de creación y vincula la firma en exclusiva a su titular
4. Se inscribe en el Centro Nacional de Registros, que expide la constancia de su autenticidad

Conforme al art. 3 lit. m) de la Ley de Firma Electrónica, la firma electrónica certificada está formada por datos electrónicos asociados al documento que «son generados mediante un dispositivo seguro de creación y permiten vincular de manera exclusiva la firma con su titular»; la simple (lit. l) solo permite identificar al firmante por cualquier medio tecnológico e indicar que aprueba la información. No es exclusiva de los notarios (la puede solicitar cualquier persona no inhabilitada por el art. 26), y la ley no encarga al Centro Nacional de Registros inscribir firmas electrónicas ni dar constancia de su autenticidad.

2. El notario Rigoberto Alfaro, que ejerce como persona natural en San Miguel, quiere que un proveedor le emita un certificado de sello electrónico para «sellar» los documentos de su oficina. ¿Qué le diría usted?

1. Que el sello electrónico es solo para personas jurídicas; él debe usar su firma certificada
2. Que puede obtenerlo si el proveedor verifica su acuerdo de autorización como notario
3. Que ese sello lo emite la Sección del Notariado junto con el sello físico del notario
4. Que puede usarlo siempre que lo combine con un sello de tiempo del mismo proveedor

El art. 28 de la Ley de Firma Electrónica dispone que los certificados de sello electrónico «serán utilizados únicamente por personas jurídicas» y deben solicitarlos quienes ejerzan su representación; por eso el art. 3 lit. e) define al creador de sello como persona jurídica. Una persona natural, aunque sea notario, firma con su firma electrónica certificada (art. 3 lit. m). La Sección del Notariado no expide certificados electrónicos (los emite un proveedor acreditado, art. 3 lit. q), y añadir un sello de tiempo no cambia quién puede ser titular de un sello electrónico.

3. La diseñadora gráfica Karla Méndez quiere poder demostrar, ante una futura disputa, que sus bocetos digitales existían el 1 de octubre de 2026 y que no se han modificado desde entonces. ¿Qué servicio de la Ley de Firma Electrónica le recomendaría usted?

1. Un sello electrónico a su nombre, por ser el único que acredita fecha y hora de los datos
2. Una autenticación de sitio web, que fija la fecha de cada archivo publicado en su página
3. Un sello de tiempo emitido por un proveedor acreditado, que puede usar como persona natural
4. Una firma electrónica simple, que por sí sola hace plena prueba de la fecha de creación

El sello de tiempo es el «mecanismo que aporta certeza sobre la integridad» del documento asignando una fecha y hora que permiten demostrar que los datos existían y no han sido alterados a partir de ese instante (art. 3 lit. t); cumplidos los requisitos del art. 23-B, el art. 25-B le da presunción de exactitud de fecha y hora e integridad, salvo prueba en contrario. El art. 28-A permite que lo usen personas naturales y jurídicas. El sello electrónico garantiza el origen y la integridad de los datos, pero no les asigna fecha ni hora (art. 3 lit. s); la autenticación de sitio web vincula un sitio con su titular (art. 3 lit. c), y la firma simple solo identifica al firmante e indica que aprueba el contenido (art. 3 lit. l).

4. ¿En qué consiste el principio de neutralidad tecnológica según el art. 4 de la Ley de Firma Electrónica?

1. En no discriminar entre tecnologías si consisten en medios seguros para cumplir la ley
2. En que el Estado no puede intervenir en el mercado de los proveedores de certificación
3. En exigir el uso de una única tecnología de firma aprobada por el Ministerio de Economía
4. En que los documentos electrónicos y los de papel deben cumplir requisitos idénticos

El art. 4 lit. f) de la Ley de Firma Electrónica define la neutralidad tecnológica como la «no discriminación entre tecnologías, en la medida que ellas consistan en medios seguros» para cumplir las funciones que impone la ley; el art. 2 ordena interpretar la ley conforme a este principio, cualquiera que sea el desarrollo tecnológico futuro. La ley no impone una tecnología única ni prohíbe la supervisión estatal (la Unidad de Firma Electrónica acredita y vigila, art. 36). La opción sobre documentos de papel confunde este principio con el de equivalencia funcional (lit. d), que no exige requisitos idénticos sino satisfacer los mismos objetivos.

5. Una empresa de San Salvador Centro firmó con firmas electrónicas un contrato de prestación de servicios que, por disposición legal, debe constar por escrito. La otra parte alega que el contrato no cumple la forma escrita. ¿Qué le responde usted?

1. Que vale como principio de prueba, pero no satisface la exigencia legal de forma escrita
2. Que solo vale si después se imprime y ambas partes lo firman de su puño y letra
3. Que debe reconocerse ante notario dentro de quince días para que se tenga por escrito
4. Que el contrato firmado electrónicamente se reputa escrito y produce los mismos efectos

El art. 7 inc. 1.º de la Ley de Firma Electrónica establece que los actos y contratos suscritos por medio de firma electrónica «serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos» que los celebrados por escrito en papel, y que «se reputarán como escritos» cuando la ley exija esa forma; es la aplicación del principio de equivalencia funcional (art. 4 lit. d). Un contrato de prestación de servicios no está entre los actos exceptuados por el inc. 2.º. No se exige impresión, firma autógrafa ni reconocimiento notarial.

6. Don Ernesto Guardado y doña Marta Rivas, ambos con firma electrónica certificada, quieren vender y comprar una casa en Santa Tecla firmando solo un PDF, sin escritura pública. Le preguntan si la venta queda perfecta. ¿Qué les diría usted?

1. Sí, porque la firma certificada equivale a la autógrafa y el contrato es escrito
2. No, la venta de un inmueble exige escritura pública, solemnidad que el PDF no suple
3. Sí, siempre que el PDF lleve además un sello de tiempo de un proveedor acreditado
4. No, porque la firma certificada solo vale en actos de las instituciones del Estado

El art. 7 inc. 2.º de la Ley de Firma Electrónica excluye de la equivalencia funcional los actos o contratos que, para su perfeccionamiento, requieran «formalidades y solemnidades especiales que no puedan cumplirse de forma electrónica». La venta de bienes raíces es uno de ellos: según el art. 1605 inc. 2.º del Código Civil, no se reputa perfecta ante la ley mientras no se ha otorgado escritura pública, y un PDF firmado por las partes no es una escritura pública. Invocar la equivalencia de la firma certificada con la autógrafa ignora esa excepción, y añadir un sello de tiempo no la salva; tampoco es cierto que la firma certificada solo valga en actos del Estado, porque la firma certificada también la usan los particulares (art. 7 inc. 1.º).

7. La arrendante Gloria Orellana y su inquilino firmaron el contrato de arrendamiento de un local con firmas electrónicas simples, sin certificado. Ante un desacuerdo, ella le pregunta qué valor tiene ese documento en un juicio. ¿Qué le responde?

1. Carece de toda validez, porque la ley solo reconoce efectos a la firma certificada
2. Es válido, y en juicio puede valorarse como elemento de prueba según la sana crítica
3. Solo vale si el inquilino reconoce su firma ante notario antes de iniciar el juicio
4. Hace plena prueba igual que un documento firmado con firma electrónica certificada

Según el art. 6 de la Ley de Firma Electrónica, la firma electrónica simple «tendrá la misma validez jurídica que la firma autógrafa», pero no tiene validez probatoria en los mismos términos que la certificada; «podrá constituir un elemento de prueba conforme a las reglas de la sana crítica». El art. 8 inc. 2.º n.º 3 remite a esa regla para los documentos firmados con firma simple. Por eso no hace plena prueba como si llevara firma certificada, tampoco carece de validez (art. 1 lit. a equipara ambas firmas a la autógrafa) ni necesita reconocimiento notarial previo.

8. En un juicio, el demandado niega haber enviado un correo en el que, con su nombre escrito al pie como firma electrónica simple, reconocía una deuda. El demandante invoca el principio de no repudiación. ¿Qué le diría usted al demandante?

1. Que la no repudiación impide al demandado negar cualquier firma electrónica que use
2. Que la no repudiación se presume siempre que el mensaje tenga acuse de recibo automático
3. Que la no repudiación solo opera si el correo salió de una cuenta de tipo institucional
4. Que la no repudiación la garantiza la ley para la firma certificada, no para la simple

El art. 4 lit. e) de la Ley de Firma Electrónica garantiza la no repudiación cuando el mensaje o documento «ha sido suscrito con firma electrónica certificada, sello electrónico o sello de tiempo» conforme a la ley: solo entonces el titular no puede repudiar su autoría. La firma simple no goza de esa garantía, de modo que el demandante deberá probar por otros medios que el demandado escribió el correo. El acuse de recibo (art. 22) solo regula la recepción del mensaje, y la ley no distingue por el tipo de cuenta de correo.

9. Un arrendador sostiene que, por haberse firmado electrónicamente el contrato de arrendamiento de una vivienda, este ya no se rige por las reglas del Código Civil sobre el arrendamiento, sino solo por la Ley de Firma Electrónica. ¿Qué le responde usted?

1. Que tiene razón, pues la Ley de Firma Electrónica prevalece sobre cualquier otra ley
2. Que la firma electrónica no altera el derecho de cada materia: rige el Código Civil
3. Que el contrato electrónico se rige por el Código de Comercio, por ser medio tecnológico
4. Que el Código Civil solo se aplica si el contrato se imprime y se reconoce ante notario

El art. 4 lit. h) de la Ley de Firma Electrónica consagra la inalterabilidad del derecho preexistente: la aplicación de las reglas de la firma electrónica «no implican una modificación sustancial del derecho existente que regula las relaciones jurídicas de cada materia en especial». El arrendamiento sigue regido por el Código Civil; la firma electrónica solo cambia el soporte y la forma de suscripción. La prevalencia del art. 69 se refiere a las normas que contraríen esta ley, no desplaza el régimen sustantivo de cada contrato, y el medio tecnológico no lo convierte en mercantil.

10. Según el principio de integridad de la Ley de Firma Electrónica, ¿desde qué momento se otorga certeza de que la información no ha sido modificada?

1. Desde que el destinatario abre el mensaje de datos en su repositorio de correo electrónico
2. Desde que el documento se imprime y se archiva en el expediente físico del usuario
3. Desde que se coloca la firma certificada, el sello electrónico o el sello de tiempo
4. Desde que la Unidad de Firma Electrónica inscribe el documento en su registro público

El art. 4 lit. b) de la Ley de Firma Electrónica define la integridad como la certeza de que la información contenida en medios electrónicos «no ha sido modificada desde el momento en que se coloca la firma electrónica certificada, sello electrónico o sello de tiempo», o desde que se desmaterializa un documento. La apertura del mensaje por el destinatario y su impresión no forman parte de este principio y la Unidad de Firma Electrónica no inscribe documentos de los usuarios: acredita y vigila a los proveedores (art. 36).

11. Un proveedor acreditado de servicios de certificación compra a un banco la base de datos de sus clientes para precargar solicitudes de certificados y luego cede esos datos a una aseguradora. ¿Cómo califica la Ley de Firma Electrónica esa conducta y con qué multa se sanciona?

1. Infracción leve, sancionada con multa de 1 a 10 salarios mínimos mensuales
2. Infracción grave, sancionada con multa de 11 a 50 salarios mínimos mensuales
3. Infracción grave, sancionada con la cancelación inmediata de la acreditación
4. Infracción muy grave, sancionada con multa de 51 a 100 salarios mínimos mensuales

El art. 5 lit. a) de la Ley de Firma Electrónica dispone que los proveedores «únicamente podrán recabar datos personales directamente de los firmantes» y prohíbe que se cedan los datos de los usuarios. El art. 65 n.º 3 califica como muy graves el quebrantamiento del art. 5 (lit. c) y revelar información personal de clientes a terceros sin su consentimiento (lit. b), y el art. 66 lit. c) sanciona las infracciones muy graves con multa de 51 a 100 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio, que impone la Unidad de Firma Electrónica. Las multas de 1 a 10 y de 11 a 50 corresponden a las infracciones leves y graves (art. 66 lits. a y b).

12. La sociedad Café Los Naranjos presenta en un proceso civil un contrato privado de suministro firmado por ambas partes con firma electrónica certificada. ¿Qué valor probatorio le asigna la Ley de Firma Electrónica?

1. El de simple indicio, que el juez valora libremente según las reglas de la sana crítica
2. El de documento privado fehaciente, con el mismo valor probatorio que el documento público
3. Ninguno, mientras las firmas no se reconozcan ante notario o ante el juez de la causa
4. El de documento público, pues la firma certificada lo vuelve instrumento público

Conforme al art. 8 inc. 2.º n.º 2 de la Ley de Firma Electrónica, los documentos privados suscritos con firma electrónica certificada «tendrán la calidad de documentos privados fehacientes, y tendrán el mismo valor probatorio» que el numeral 1 reconoce a los documentos públicos firmados así: hacen plena prueba según el Código Procesal Civil y Mercantil. No se transforman en instrumentos públicos (siguen siendo privados), no requieren reconocimiento previo y no quedan reducidos a un indicio de libre valoración.

13. La cooperativa Ahorro Futuro guarda sus contratos electrónicos en un proveedor de almacenamiento acreditado por la Unidad de Firma Electrónica. En un litigio, ¿qué presunciones favorecen a esos documentos según la ley?

1. Las presunciones de conservación y de integridad de la información que contienen
2. Las presunciones de veracidad del contenido y de capacidad legal de los firmantes
3. Las presunciones de exactitud de la fecha y la hora en que cada contrato se firmó
4. Las presunciones de validez absoluta, que no admiten prueba en contrario alguna

El último inciso del art. 8 de la Ley de Firma Electrónica establece que los mensajes de datos y documentos electrónicos almacenados en proveedores de almacenamiento debidamente acreditados por la Unidad de Firma Electrónica «gozarán de las presunciones de conservación e integridad de la información contenida en ellos»; su valor probatorio sigue las reglas del mismo artículo. La ley no presume la veracidad del contenido ni la capacidad de los firmantes; el inciso no presume la fecha ni la hora de la firma, y ninguna de estas presunciones se declara absoluta.

14. Un banco desmaterializó, por medio de un proveedor acreditado, un contrato que estaba firmado en papel. Años después, el archivo electrónico resulta ilegible por una falla técnica. ¿Qué permite la Ley de Firma Electrónica?

1. Solicitar a la Unidad de Firma Electrónica que certifique el contenido del archivo
2. Tener por probado su contenido con una declaración jurada del gerente del banco
3. Presentar el documento en su soporte físico, por la ilegibilidad del electrónico
4. Nada: desmaterializado el documento, el soporte físico pierde todo valor legal

El art. 11 inc. 3.º de la Ley de Firma Electrónica prevé que los documentos electrónicos desmaterializados «podrán ser presentados en su soporte físico, en caso de destrucción, ilegibilidad, alteración, o pérdida de autenticidad o integridad del documento electrónico». Una declaración jurada del propio banco no sustituye el documento, y la Unidad de Firma Electrónica acredita y vigila proveedores (art. 36): no certifica el contenido de documentos de usuarios. Tampoco pierde su valor el soporte físico: la ley lo conserva precisamente para estos supuestos.

15. El notario Luis Antonio Pineda quiere ofrecer a sus clientes, como persona natural, el servicio de digitalizar sus documentos físicos y guardarlos en los servidores de su oficina. ¿Qué le advierte usted?

1. Que puede hacerlo sin trámite, porque el almacenamiento por cuenta propia es libre
2. Que quien almacena por cuenta propia no puede prestar ese servicio a terceros
3. Que basta inscribirse en la Sección del Notariado como depositario de documentos
4. Que puede hacerlo si cada cliente autoriza el servicio en un documento autenticado

Como persona natural, el notario no puede acreditarse como proveedor de almacenamiento: el art. 3 lit. r) de la Ley de Firma Electrónica lo define como persona jurídica acreditada por la Unidad de Firma Electrónica, y el art. 12 inc. 2.º exige esa acreditación a toda persona jurídica que almacene documentos de terceros. Solo puede almacenar por cuenta propia, sin acreditarse, pero en ese régimen el art. 12 inc. 3.º le prohíbe ofrecer servicios de procesamiento, almacenamiento, archivo y conservación de documentos de terceros y desmaterializar documentos físicos (lits. a-c); lo almacenado en contravención «carecerá de cualquier efecto jurídico» (inc. final). La Sección del Notariado no tiene competencia en esta materia y la autorización del cliente no suple la acreditación.

16. Una empresa conserva por cuenta propia, en un archivo electrónico, documentos que la ley le obliga a guardar durante cierto tiempo. ¿Qué requisitos mínimos exige el art. 13-A de la Ley de Firma Electrónica?

1. Copia impresa de cada documento autenticada por notario y guardada en una caja fuerte
2. Consulta en todo momento, formato conservado o fiel, e integridad sin alteraciones
3. Contratación obligatoria de un proveedor acreditado y sello de tiempo en cada archivo
4. Inscripción del archivo en la Unidad de Firma Electrónica y una revisión anual de este

El art. 13-A de la Ley de Firma Electrónica exige que el archivo electrónico permita consultar la información «en cualquier momento», que garantice la conservación del formato en que se generó o uno que reproduzca con exactitud la información, y que se mantenga «íntegro, legible, completo y sin alteraciones». Los arts. 11 inc. 2.º y 13 inc. 2.º remiten a esos requisitos cuando la conservación es por cuenta propia, que no requiere acreditación (art. 12 inc. 3.º). La ley no exige copias autenticadas, inscripción ni contratar obligatoriamente a un proveedor.

17. El sistema con el que un proveedor acreditado almacena documentos electrónicos no permite determinar la fecha y la hora en que cada documento fue almacenado. ¿Qué consecuencia prevé la ley para esos documentos?

1. Pierden el valor legal que la ley da a los documentos almacenados electrónicamente
2. Conservan su valor, pues la fecha de almacenamiento es un dato accesorio del sistema
3. La Unidad debe fijar de oficio la fecha y hora a partir de los registros del proveedor
4. Solo procede una amonestación verbal, sin efecto alguno sobre los documentos guardados

El art. 14 de la Ley de Firma Electrónica exige que el procedimiento de almacenamiento garantice, entre otros puntos, «que pueda determinarse con precisión la fecha y la hora en las que un documento fue almacenado» (lit. b), y su inciso final dispone que la omisión de cualquiera de esos requisitos hará «perder el valor legal que esta Ley otorga a los documentos almacenados electrónicamente». Además, ese incumplimiento es una infracción del proveedor acreditado (art. 65 n.º 1 lit. b) que se sanciona con multa (art. 66), no con una simple amonestación.

18. Según el art. 16 de la Ley de Firma Electrónica, ¿quién puede certificar las reproducciones que resulten de un sistema de almacenamiento de documentos electrónicos?

1. La persona responsable nombrada por la institución en que se almacena el documento
2. El Jefe de la Unidad de Firma Electrónica, previa solicitud del titular del documento
3. Exclusivamente un notario, mediante acta notarial levantada a solicitud del interesado
4. El juez de lo civil del domicilio del usuario, en diligencias de jurisdicción voluntaria

El art. 16 de la Ley de Firma Electrónica dispone que las reproducciones, microfichas, discos o certificaciones que resulten de un sistema de almacenamiento permitido por la ley «podrán ser certificados por la persona responsable nombrada por la institución pública o privada en la que se encuentre almacenado el documento electrónico». La ley no reserva esa certificación al notario ni a un juez, y la Unidad de Firma Electrónica no expide certificaciones de documentos de los usuarios: su función es acreditar, vigilar y sancionar a los proveedores (arts. 36 y 37).

19. El notario Héctor Manuel Quintanilla solicita a un proveedor acreditado un certificado de firma electrónica certificada en el que conste su calidad de notario. Antes de expedirlo, ¿qué debe hacer el proveedor según la ley?

1. Pedir a la Sección del Notariado que le asigne una clave para firmar en su nombre
2. Expedirlo con su sola declaración jurada, pues la calidad de notario se presume
3. Comprobar fehacientemente su identidad y su calidad, según las reglas técnicas
4. Exigirle que primero entregue su sello notarial y el libro de protocolo en uso

El art. 48 lit. q) de la Ley de Firma Electrónica obliga al proveedor a «comprobar de forma fehaciente la identidad y calidad del titular del certificado, previo a su expedición», siguiendo las reglas de comprobación de las normas y reglamentos técnicos; el lit. a) le exige determinar la exactitud de los certificados, la identidad y la calidad del titular, y el art. 58-A regula los métodos de identificación (presencia física con documento de identidad, identificación a distancia, etc.). Una declaración jurada no basta, la Sección del Notariado no genera claves de firma y la ley no condiciona el certificado a la entrega del sello ni del protocolo.

20. Una distribuidora programó su sistema informático para que envíe automáticamente a sus clientes las confirmaciones de pedido con la firma electrónica simple de su representante legal. Un cliente alega que esos mensajes no provienen de la distribuidora. ¿Qué le diría usted?

1. Que se entienden enviados por la distribuidora, pues el sistema opera con su firma
2. Que solo se le atribuyen si cada mensaje lleva la firma certificada de su gerente
3. Que se atribuyen al programador del sistema, por ser quien lo configuró y lo opera
4. Que los mensajes automáticos no se atribuyen a nadie, por carecer de autor humano

Según el art. 19 lit. b) de la Ley de Firma Electrónica, se entiende que un mensaje de datos proviene del iniciador cuando ha sido enviado «por un sistema de información programado por el iniciador o bajo su autorización para que opere automáticamente, cuando en el documento conste su firma electrónica simple o certificada». Para los envíos automatizados basta, pues, la firma simple; la exigencia de firma certificada del lit. a) se refiere a los mensajes enviados por el propio iniciador o su representante. El programador no es el iniciador (art. 3 lit. o).

21. Usted envía por correo electrónico una notificación de mora a un deudor. El mensaje llega a las 9:00 a su buzón y queda disponible para él, pero el deudor lo abre dos días después. ¿Cuándo se presume recibido el mensaje?

1. Cuando ingresó al repositorio del destinatario y quedó a su disposición para acceso
2. Cuando el deudor envíe un acuse de recibo expreso, aunque nadie lo haya solicitado
3. Cuando usted lo envió, pues la ley presume recibido todo mensaje desde su emisión
4. Cuando el deudor abrió y leyó el mensaje, dos días después de su llegada al buzón

El art. 20 de la Ley de Firma Electrónica presume el recibo del mensaje cuando se comprueba su recibo por el sistema de recepción, lo que «tendrá lugar cuando el mensaje de datos ingrese al repositorio del destinatario, y se encontrase a disposición de éste para su acceso». No importa cuándo lo abra el deudor, ni se exige acuse de recibo si no se pactó (art. 22); tampoco basta el simple envío, porque la presunción se ancla en el ingreso al repositorio del destinatario.

22. Una vendedora domiciliada en Santa Ana envía una oferta por mensaje de datos a un comprador domiciliado en San Miguel; no pactaron nada sobre el lugar. ¿Dónde se tiene por expedido y dónde por recibido el mensaje?

1. Expedido y recibido donde se ubiquen físicamente los servidores de correo utilizados
2. Expedido y recibido en San Salvador, sede del proveedor de servicios de certificación
3. Expedido en Santa Ana y recibido en San Miguel, según el domicilio de cada parte
4. Expedido en San Miguel y recibido en Santa Ana, pues manda el domicilio del receptor

El art. 21 de la Ley de Firma Electrónica dispone que, de no convenir otra cosa el iniciador y el destinatario, el mensaje de datos «se tendrá por expedido en el lugar donde el iniciador tenga su domicilio, y por recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo»; solo a falta de domicilio se aplica el que conste en el registro del proveedor de servicios de certificación y, en su defecto, el del derecho común. La ubicación de los servidores es irrelevante.

23. Al enviar por mensaje de datos la aceptación de un contrato, el iniciador indicó expresamente que sus efectos quedaban condicionados a recibir un acuse de recibo. El destinatario nunca lo envió. ¿Qué consecuencia tiene?

1. El iniciador queda obligado, pues la condición sobre el acuse de recibo es nula
2. El mensaje surte efectos desde su envío; el acuse de recibo solo sirve como prueba
3. El silencio del destinatario equivale a acuse tácito al cabo de tres días hábiles
4. El mensaje se tiene por no enviado mientras no se haya recibido el acuse de recibo

El art. 22 inc. 2.º de la Ley de Firma Electrónica establece que, si el iniciador solicitó o acordó el acuse de recibo y «expresamente aquél ha indicado que los efectos del mensaje de datos estarán condicionados a la recepción de un acuse de recibo, se considerará que el mensaje de datos no ha sido enviado, en tanto que no se haya recibido el acuse de recibo». Mientras falte el acuse, el envío no produce efectos; la ley no prevé un acuse tácito por el transcurso de un plazo ni declara nula esa condición, y el acuse no es aquí un simple medio de prueba.

24. Un proveedor de certificación envía publicidad comercial a sus usuarios sin su autorización expresa. Un usuario quiere que se le sancione. Según la Ley de Firma Electrónica, ¿qué autoridad es competente para determinar la infracción e imponer la sanción?

1. La Unidad de Firma Electrónica, por ser la autoridad de control de los proveedores
2. El Juzgado de lo Civil y Mercantil del domicilio del usuario, en proceso abreviado
3. La Superintendencia de Competencia, por tratarse de una práctica anticompetitiva
4. El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, según su procedimiento

El art. 62 lit. g) de la Ley de Firma Electrónica reconoce al usuario el derecho a no recibir publicidad comercial por intermedio del proveedor salvo autorización expresa. Su inciso penúltimo dispone que la violación de esos derechos constituye infracción grave en los términos de la Ley de Protección al Consumidor, y el último que la determinación de la infracción y la sanción «será competencia del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor». La Unidad de Firma Electrónica sanciona las infracciones de los arts. 64-67, pero no las violaciones a los derechos del art. 62.

25. El comerciante Saúl Ernesto Menjívar creó su «firma digital» con una aplicación gratuita que dibuja su rúbrica, sin certificado emitido por proveedor alguno, y quiere que valga como firma electrónica certificada en sus contratos. ¿Qué le diría usted?

1. Que lo es, porque la aplicación vincula la imagen de su rúbrica con su persona
2. Que no lo es: la firma certificada debe basarse en el certificado de un proveedor
3. Que lo es, si registra la imagen de su rúbrica en el Registro de Comercio del CNR
4. Que lo es, siempre que la acompañe de su sello de comerciante escaneado al pie

El art. 23 de la Ley de Firma Electrónica exige, como requisito de la firma electrónica certificada, «estar basado en un certificado electrónico emitido por un proveedor de servicios de certificación» (lit. b). Que la aplicación asocie la imagen de la rúbrica con su persona no suple ese certificado: a lo sumo, sería una firma electrónica simple (art. 3 lit. l). Ni la inscripción en el Registro de Comercio ni un sello escaneado suplen el certificado.

26. La notaria Patricia Henríquez entrega a su secretaria el dispositivo y la clave de su firma electrónica certificada para que «firme por ella» los documentos de la oficina. ¿Qué le advierte usted?

1. Que es válido si la secretaria firma siempre en su presencia y bajo su supervisión directa
2. Que solo es irregular si la secretaria firma documentos de cuantía indeterminada
3. Que es válido si informa el nombre de la secretaria al proveedor de certificación
4. Que la firma certificada se crea bajo su control exclusivo y ella debe custodiarla

El art. 23 lit. d) de la Ley de Firma Electrónica exige que la firma certificada haya sido creada con medios de creación y verificación confiables y seguros, «bajo el control exclusivo del signatario», y el art. 63 lit. b) obliga al titular a custodiar adecuadamente los mecanismos de seguridad que le proporcione el prestador, so pena de responder por la indemnización de daños y perjuicios. Entregar el dispositivo y la clave rompe ese control exclusivo, y la notaria responderá de lo que se firme con ellos. La ley no admite la delegación por supervisión, por aviso al proveedor ni según la cuantía.

27. ¿En qué fuente de información temporal debe basarse un sello de tiempo para cumplir los requisitos del art. 23-B de la Ley de Firma Electrónica?

1. En una fuente de información temporal vinculada al Tiempo Universal Coordinado
2. En el reloj del equipo del firmante, ajustado a la hora oficial del país
3. En la hora que fije el Ministerio de Economía para cada proveedor acreditado
4. En la hora del servidor de correo del destinatario al recibir el mensaje de datos

El art. 23-B lit. c) de la Ley de Firma Electrónica exige que el sello de tiempo se base «en una fuente de información temporal vinculada al tiempo universal coordinado». Además debe vincular la fecha y hora con la información de modo que se elimine la posibilidad de modificar los datos sin que se detecte (lit. a) y estar basado en un certificado electrónico emitido por un proveedor de servicios de certificación (lit. b). Ni el reloj del firmante ni el servidor del destinatario cumplen esa exigencia, y la ley no deja al Ministerio fijar la hora de cada proveedor.

28. Según el art. 24 de la Ley de Firma Electrónica, ¿qué efectos tiene la firma electrónica certificada respecto de los datos del documento en que se emplea?

1. Los efectos de un instrumento público autorizado por notario, sin necesidad de protocolo
2. Igual validez y los mismos efectos jurídicos y probatorios que una firma manuscrita
3. Solo efectos de principio de prueba por escrito, según la sana crítica del juez
4. Efectos probatorios plenos solo si el documento se imprime y se autentica después

El art. 24 inc. 1.º de la Ley de Firma Electrónica dispone que la firma electrónica certificada «tendrá igual validez y los mismos efectos jurídicos y probatorios que una firma manuscrita» en relación con los datos del documento o mensaje en que se emplee; el inc. 2.º añade que, al valorar la fuerza probatoria, se tendrá presente la confiabilidad de su generación, archivo, comunicación y conservación. No equivale a la autorización de un notario, no requiere impresión ni autenticación posterior, y sus efectos son los de la firma manuscrita, no los de un mero principio de prueba.

29. En un juicio se presenta un reconocimiento de deuda firmado con la firma electrónica certificada de don Julio Campos, quien alega que un tercero usó su firma sin su consentimiento. ¿Qué regla aplica la Ley de Firma Electrónica?

1. Se presume que la firma pertenece a su titular, aunque admite prueba en contrario
2. No hay presunción alguna: quien presenta el documento debe probar quién lo firmó
3. Se presume de derecho que la firmó el titular, sin admitir prueba en contrario
4. Se presume la autoría solo si el documento fue además autenticado por un notario

El art. 25 de la Ley de Firma Electrónica establece que el empleo de la firma electrónica certificada que cumpla los requisitos legales, «salvo prueba en contrario», presume que la firma pertenece al titular del certificado (lit. a) y que no ha sido modificada desde su firma si la verificación así lo indica (lit. b). Es una presunción que admite prueba en contrario: don Julio puede intentar demostrar el uso indebido. No es una presunción de derecho y no depende de una autenticación notarial.

30. Una sociedad presenta en juicio constancias de entrega selladas con un «sello electrónico» creado por su propio sistema, sin certificado emitido por un proveedor de servicios de certificación. ¿Qué valor probatorio les da la ley?

1. El del sello certificado, pues la ley no distingue el origen del certificado
2. Ninguno: el juez debe rechazarlas de plano por no cumplir los requisitos legales
3. No el de un sello con certificado, pero pueden ser prueba según la sana crítica
4. Plena prueba, siempre que la sociedad sea una persona jurídica legalmente constituida

El art. 23-A lit. b) exige que el sello electrónico esté basado en un certificado emitido por un proveedor de servicios de certificación. Conforme al art. 25-A inc. 2.º de la Ley de Firma Electrónica, el sello que no cumpla esos requisitos «no tendrá validez probatoria en los mismos términos» que los sellos basados en certificados de un proveedor, pero «podrán constituir un elemento de prueba conforme a las reglas de la sana crítica»; el art. 8 inc. 2.º n.º 3 remite a esa regla. No carecen de todo valor ni hacen plena prueba por el solo hecho de que la sociedad exista legalmente.

31. Rodrigo, de 17 años, que vende artesanías en línea desde Sonsonate, solicita a un proveedor un certificado de firma electrónica certificada para firmar sus contratos. ¿Qué debe responderle el proveedor?

1. Que puede expedírselo si acredita estar inscrito como comerciante individual
2. Que puede expedírselo, pero solo para firmar documentos de cuantía menor
3. Que no puede: la ley impide a los menores de edad solicitar y usar esa firma
4. Que puede expedírselo con la autorización escrita de cualquiera de sus padres

El art. 26 de la Ley de Firma Electrónica dispone que «no podrán solicitar certificados electrónicos y hacer uso de la firma electrónica certificada, los menores de edad y los incapaces declarados conforme a las reglas del derecho común, y los privados de libertad condenados en sentencia firme», sin perjuicio de lo que dispongan leyes especiales. La ley no prevé que la inscripción como comerciante, la autorización de los padres o la cuantía del documento levanten esa inhabilitación.

32. Un proveedor acreditado expide un certificado de firma electrónica certificada a una persona privada de libertad condenada en sentencia firme. ¿Qué infracción comete y con qué multa se le sanciona?

1. Ninguna, pues la ley no limita a quién puede expedirse un certificado de firma
2. Grave, con multa de 11 a 50 salarios mínimos mensuales del sector comercio
3. Muy grave, con multa de 51 a 100 salarios mínimos mensuales del sector comercio
4. Leve, con multa de 1 a 10 salarios mínimos mensuales del sector comercio

El art. 26 de la Ley de Firma Electrónica incluye entre los inhabilitados para solicitar y usar la firma certificada a «los privados de libertad condenados en sentencia firme». El art. 65 n.º 1 lit. d) califica como infracción leve «emitir certificados electrónicos a las personas establecidas en el Art. 26», y el art. 66 lit. a) sanciona las leves con multa de 1 a 10 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio, impuesta por el MINEC a través de la Unidad de Firma Electrónica. Las multas de 11 a 50 y de 51 a 100 corresponden a las graves y muy graves.

33. La sociedad Distribuidora El Volcán, S.A. de C.V. quiere que su sello electrónico solo pueda usarse para emitir cotizaciones y no para suscribir contratos. ¿Puede limitarlo así?

1. No, porque solo la Unidad de Firma Electrónica puede limitar su uso del sello
2. No, porque el sello electrónico ampara cualquier documento de la persona jurídica
3. Sí, pero los límites solo obligan si se inscriben en el Registro de Comercio
4. Sí, puede imponer esos límites, que deben figurar en el certificado electrónico

El art. 28 inc. 2.º de la Ley de Firma Electrónica permite que la persona jurídica, conforme a la legislación aplicable a su naturaleza, imponga «los límites que considere para el uso de los datos de creación de su sello», y añade que «estos límites deberán figurar en el certificado electrónico»; el art. 58 lit. g) incluye en el contenido del certificado las limitaciones de uso. La ley no exige inscribir esos límites en el Registro de Comercio ni reserva su fijación a la Unidad de Firma Electrónica.

34. Don Alfonso Guevara, apoderado general de su madre que reside en el extranjero, quiere usar una firma electrónica certificada para actuar en nombre de ella. ¿Qué exige la ley al proveedor de servicios de certificación?

1. Expedirlo sin más, pues el poder general faculta para cualquier acto o contrato
2. Verificar su calidad con poder suficiente y anotar sus límites en el certificado
3. Exigir que la madre comparezca en persona, pues la firma certificada es indelegable
4. Pedir autorización previa a la Unidad de Firma Electrónica para expedirlo

El art. 27 inc. 1.º de la Ley de Firma Electrónica dispone que, para los mandatarios de personas naturales, la firma certificada se utiliza «previa verificación de tal calidad por parte del proveedor», mediante los documentos legales pertinentes y «poder suficiente», circunstancia que «deberá constar en el certificado electrónico», junto con los límites de sus facultades; el inc. 2.º hace responsable al representante de la custodia de los datos de creación de firma, y el art. 58 lit. i) exige indicar en el certificado el documento que acredita sus facultades. No se exige la comparecencia de la representada ni una autorización previa de la Unidad.

35. Un funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería firma con firma electrónica simple una resolución que impone una sanción a un productor. Este le consulta si esa firma es la adecuada. ¿Qué le responde usted?

1. No: al imponer una sanción el funcionario debe usar firma electrónica certificada
2. Sí: los funcionarios pueden firmar todos sus actos con firma electrónica simple
3. Sí, siempre que la resolución se le haya notificado por un medio electrónico
4. No: una sanción administrativa solo puede constar en papel con firma autógrafa

El art. 29 de la Ley de Firma Electrónica permite a los funcionarios suscribir con firma simple sus actos en general, pero el art. 30 inc. 1.º exige firma electrónica certificada cuando expidan documentos o realicen actos administrativos en que «se otorguen derechos, sancionen, o constituyan información confidencial». Las sanciones no tienen que constar en papel: la excepción del inc. 2.º solo cubre las actuaciones con solemnidades que no puedan cumplirse mediante documentos electrónicos, y notificar por vía electrónica no cambia la firma que exige el acto.