🏛️ Derecho administrativo, contratación pública, función pública y regulación

1. Según la Ley de Procedimientos Administrativos, ¿cuál de las siguientes actuaciones queda fuera del concepto legal de acto administrativo?

1. La resolución de una alcaldía que deniega a un vecino el permiso de construcción pedido
2. La resolución que impone una multa a un comercio al cerrar un procedimiento sancionador
3. La certificación con la que una oficina pública hace constar un dato de sus archivos
4. El reglamento que un ministerio emite en ejercicio de su potestad normativa general

El art. 21 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) define el acto administrativo como toda declaración unilateral de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo, productora de efectos jurídicos, dictada por la Administración «en ejercicio de una potestad administrativa distinta a la reglamentaria». Por eso el reglamento, producto de la potestad normativa (regulada aparte en los arts. 159-162 de la misma ley), no es acto administrativo. La denegación del permiso y la multa son declaraciones de voluntad, y la certificación es una declaración de conocimiento: las tres encajan en el concepto.

2. La señora Rosa Elena Ayala comparece a su oficina notarial con una resolución de la alcaldía de La Libertad Sur que le deniega un permiso de funcionamiento con una sola frase: «no ha lugar lo solicitado». Le pregunta si la resolución está bien dictada. ¿Qué le diría usted?

1. Sí, porque la motivación solo es exigible en los actos que imponen sanciones o multas
2. Sí, porque basta con que el expediente contenga los informes técnicos que la sustentan
3. No, porque el acto que deniega derechos debe expresar sus hechos y fundamentos
4. No, porque la denegación exigía una audiencia pública previa con los vecinos del lugar

Conforme al art. 23 lit. b) de la LPA, deben motivarse, «con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho», los actos que «limiten, supriman o denieguen derechos»; además, la motivación es uno de los requisitos de validez del acto (art. 22 lit. e). La obligación no se limita a las sanciones, y no se cumple con que existan informes en el expediente si la resolución no expresa sus razones. La LPA no exige una audiencia pública con los vecinos para denegar un permiso.

3. Una dependencia del Órgano Ejecutivo dictó el 3 de marzo una autorización que únicamente reconoce un derecho a don Julio César Menjívar, sin imponerle carga alguna, pero se la notificó el 20 de marzo. Él le consulta desde cuándo es eficaz. ¿Qué le diría usted?

1. Desde su emisión el 3 de marzo, porque el acto solo produce efectos favorables
2. Desde la notificación del 20 de marzo, porque el acto surte efectos al comunicarse
3. Desde que se publique en el Diario Oficial, requisito de eficacia de esa autorización
4. Desde que vence el plazo para recurrir, porque antes de ello el acto no es firme

El art. 26 de la LPA fija como regla que los actos producen efectos desde que se comunican a los interesados, «excepto si únicamente producen efectos favorables o no procede su notificación o publicación, en cuyo caso serán eficaces desde el momento de su emisión». Como la autorización solo favorece a don Julio, es eficaz desde el 3 de marzo. La regla de la notificación es la general, no la aplicable aquí; la LPA no condiciona la eficacia de un acto particular a su publicación en el Diario Oficial ni a su firmeza.

4. Un ministro dicta una resolución particular que exime a la empresa de don Rodrigo Castillo de un requisito que una disposición de carácter general, emitida por una dirección de su propio ministerio, exige a todos. El gerente le pregunta si la exención es válida. ¿Qué le diría usted?

1. No, porque solo la Asamblea Legislativa puede dispensar del cumplimiento de requisitos
2. Sí, porque el ministro tiene más jerarquía que el órgano que dictó la disposición general
3. Sí, siempre que la resolución particular se motive y se publique en el Diario Oficial
4. No, una resolución particular no puede contradecir una disposición general vigente

El art. 29 de la LPA consagra la inderogabilidad singular: las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden contradecir lo establecido en una disposición de carácter general, «aunque aquellas procedan de un órgano de igual o mayor jerarquía al que dictó la Disposición general». La mayor jerarquía del ministro no salva la exención, y tampoco la salvan la motivación o la publicación. Atribuir la dispensa solo a la Asamblea Legislativa yerra en el fundamento: el problema no es quién puede dispensar, sino que una resolución singular no deroga la norma general.

5. A la sociedad de doña Claudia Recinos le impusieron una multa de US$ 3,000 al cerrar un procedimiento sancionador. Aún corre el plazo para apelar y la institución ya le exige el pago bajo amenaza de ejecución forzosa. ¿Qué le diría usted?

1. Que no puede ejecutarse mientras quepa recurso y no se confirme la multa al resolverlo
2. Que solo podrá ejecutarse tras una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo
3. Que es ejecutoria desde su notificación, porque la multa ya es eficaz y exigible
4. Que es ejecutable si la institución se obliga a devolver el pago en caso de revocarse

Aunque los actos administrativos son en principio inmediatamente ejecutorios, el art. 30 n.º 2 de la LPA exceptúa la resolución de un procedimiento sancionador o la que obligue a pagar una cantidad líquida contra la que quepa recurso administrativo: «la ejecución no podrá llevarse a cabo mientras no sea confirmada aquella resolución al resolverse el recurso correspondiente». En la misma línea, el art. 127 inc. final dispone que la apelación contra actos que imponen sanciones o el pago de cantidades líquidas suspende sus efectos. La ejecutoriedad inmediata del acto eficaz (art. 30) y la regla de que el recurso no suspende (art. 127 inc. 1.º) ceden ante esa excepción. Tampoco hace falta una sentencia contencioso administrativa: confirmada la multa, la certificación del acto es título de ejecución ante el juez de lo civil y mercantil (art. 32 lit. a).

6. Una dependencia del Órgano Ejecutivo tiene a su favor una multa firme que el infractor se niega a pagar. Su asesor jurídico le pregunta qué documento sirve de título de ejecución y ante quién se ejecuta. ¿Qué le diría usted?

1. La certificación del acto emitida por el funcionario competente, ante juez civil y mercantil
2. La sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo tras demandar el cobro de la multa
3. Una escritura de reconocimiento de deuda que el infractor otorgue ante notario de su elección
4. El acta de la resolución sancionadora, que se ejecuta ante el juzgado de paz del domicilio

Según el art. 32 lit. a) de la LPA, cuando se trata de un crédito líquido o de una multa a favor de la Administración, la ejecución sobre el patrimonio del administrado sigue el trámite de ejecución forzosa del Código Procesal Civil y Mercantil; «será título de ejecución la certificación del acto expedido por el funcionario competente» y conocerá «el Tribunal de lo Civil y Mercantil que resulte competente». No se necesita un reconocimiento notarial de la deuda ni una sentencia contencioso administrativa previa, y el juzgado de paz no es el tribunal señalado.

7. Al ejecutar una orden de demolición contenida en un acto administrativo eficaz, una institución ocupa parte del terreno de don Rigoberto Mejía. Él quiere promover un proceso posesorio para frenar la ejecución. ¿Qué le diría usted?

1. Que sí procede: el proceso posesorio es la vía ordinaria para proteger su posesión material
2. Que no procede, porque solo la Procuraduría General puede reclamar contra esa ejecución
3. Que no procede: contra la ejecución de actos administrativos no caben acciones posesorias
4. Que sí procede, siempre que lo promueva dentro del año siguiente al inicio de la ocupación

El art. 33 de la LPA declara improcedentes, contra las actuaciones de ejecución de actos administrativos, las acciones posesorias reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil; ello no impide defender el derecho por los procedimientos judiciales ordinarios que procedan. Si la ejecución excede el contenido del acto, don Rigoberto puede impugnarla como vía de hecho ante la jurisdicción contencioso administrativa (Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, art. 7). La reclamación no está reservada a la Procuraduría General de la República.

8. Conforme al art. 36 de la Ley de Procedimientos Administrativos, ¿cuál de estos vicios produce la nulidad absoluta o de pleno derecho del acto?

1. Haberse notificado dos días después del plazo de tres días previsto para la notificación
2. Contener un error aritmético en el cálculo de la suma que se reconoce al interesado
3. Haber sido dictado por autoridad manifiestamente incompetente por razón de la materia
4. Haberse omitido un trámite no esencial que no causó indefensión al interesado

El art. 36 lit. a) de la LPA sanciona con nulidad absoluta los actos «dictados por autoridad manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio»; esos actos no pueden sanearse ni convalidarse (inciso final). En cambio, la nulidad absoluta por defectos de procedimiento exige prescindir de él o de sus fases esenciales (art. 36 lit. b); omitir un trámite no esencial sin causar indefensión no anula el acto (art. 38 inc. 1.º), y los vicios no calificados en el art. 36 solo producen nulidad relativa (art. 37). La notificación tardía (el plazo es de tres días, art. 97) solo anula si lo exige la naturaleza del término (art. 38 inc. 2.º), y el error aritmético se rectifica en cualquier momento (art. 122).

9. Una sentencia firme de lo contencioso administrativo anuló la cancelación de la licencia de transporte de don Ovidio Cruz. Dos semanas después, la misma autoridad dicta un nuevo acto que la cancela otra vez, con idéntico contenido y sin hechos nuevos. ¿Qué le diría usted sobre ese nuevo acto?

1. Es anulable, y la autoridad puede convalidarlo si subsana los vicios que tenga
2. Es nulo de pleno derecho, por dictarse para eludir el cumplimiento de la sentencia
3. Es válido, porque la Administración conserva intacta su potestad de volver a resolver
4. Es válido si la autoridad lo motiva de nuevo y lo notifica en un plazo de tres días

El art. 36 lit. g) de la LPA declara nulos de pleno derecho los actos «dictados con el propósito de eludir el cumplimiento de una Sentencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativo», y el inciso final del mismo artículo impide sanearlos o convalidarlos. Además, según la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los funcionarios obligados no pueden negarse a cumplir la sentencia (art. 69) y, si la Administración realiza una actividad contraria al fallo, el tribunal restablece la situación a instancia del interesado (art. 67 inc. 2.º). Ni una nueva motivación ni la notificación en plazo cambian el propósito elusivo del acto.

10. Un director general otorgó una autorización a la empresa de doña Patricia Henríquez, aunque la competencia correspondía al ministro, su superior jerárquico. La empresa le pregunta si el vicio puede remediarse sin anular el acto. ¿Qué le diría usted?

1. No: la incompetencia acarrea nulidad absoluta, que no admite convalidación
2. Sí: la empresa puede subsanarlo ratificando el acto ante notario dentro de diez días
3. Sí, pero solo un tribunal de lo contencioso puede convalidarlo mediante sentencia
4. Sí: es incompetencia jerárquica y el ministro, como superior, puede convalidar el acto

Los actos con vicios que no son de nulidad absoluta son relativamente nulos (art. 37 de la LPA), y la Administración puede convalidarlos subsanando el vicio (art. 41). Si el vicio consiste en incompetencia jerárquica, «la convalidación la realizará el funcionario competente, cuando sea el superior jerárquico del que dictó el acto viciado» (art. 41 inc. 2.º). Solo la incompetencia manifiesta por razón de la materia o del territorio produce nulidad absoluta (art. 36 lit. a). La convalidación es un acto de la propia Administración, no de un tribunal ni del particular.

11. Una institución resolvió la solicitud de un permiso doce días después del plazo legal, sin causar indefensión a nadie. Don Efraín Guevara, tercero opositor, quiere pedir la nulidad del permiso solo por ese retraso. ¿Qué le diría usted?

1. Que el retraso solo anula el acto si así lo exige la naturaleza del término o plazo
2. Que el retraso obliga a reiniciar el procedimiento desde la solicitud presentada
3. Que el retraso hace que el permiso se tenga por denegado por silencio negativo
4. Que el acto dictado fuera de plazo es nulo de pleno derecho y no se convalida

El art. 38 inc. 2.º de la LPA dispone que «las actuaciones administrativas realizadas fuera del tiempo establecido en la Ley, solo producirán nulidad si procediera en razón de la naturaleza del término o plazo»; el inc. 1.º añade que los vicios de forma solo anulan si afectan requisitos indispensables o causan indefensión. El retraso puede generar responsabilidad del funcionario (art. 89 inc. final), pero no anula por sí mismo. Tampoco equivale a una denegación: en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la regla general del silencio es positiva (art. 113).

12. El presidente de una institución autónoma quiere delegar en su gerente legal la facultad de resolver los recursos de apelación que la ley le atribuye. Le pide su opinión antes de firmar el acuerdo. ¿Qué le diría usted?

1. Que puede delegarla si publica el acuerdo y el gerente es su inferior jerárquico
2. Que no puede delegarla, porque solo se delega en funcionarios de igual jerarquía
3. Que no puede delegarla: la competencia para resolver recursos nunca es delegable
4. Que puede delegar la reconsideración, pero no la resolución de las apelaciones

El art. 43 de la LPA permite delegar competencias en inferiores jerárquicos de la misma institución, pero el art. 44 enumera las que no pueden delegarse, y su numeral 5 incluye «la que sirva para resolver los recursos». El motivo de la «igual jerarquía» es falso: el traspaso a un órgano del mismo nivel es la sustitución (art. 46), no la delegación. La publicación del acuerdo no levanta la prohibición, y la ley no distingue entre reconsideración y apelación: ninguna competencia para resolver recursos es delegable.

13. Una viceministra delegó en el director de su área la competencia para otorgar ciertas licencias. Ahora quiere resolver ella misma una solicitud concreta sin revocar la delegación. Le consulta si puede hacerlo. ¿Qué le diría usted?

1. Sí, porque el delegante conserva una competencia concurrente con el delegado
2. No, mientras rija la delegación; puede revocarla o avocar si una ley lo permite
3. No, y la delegación solo podrá revocarse cuando venza un año desde su otorgamiento
4. Sí, pero solo si el director se excusa por escrito de conocer de esa solicitud

El art. 43 inc. 2.º de la LPA establece que «el órgano delegante no podrá ejercer las facultades delegadas mientras esté vigente el acuerdo de delegación, pero podrá revocar en cualquier momento la delegación conferida». La otra vía es la avocación del art. 45, que solo procede «cuando la Ley Especial así lo autorice» y debe ponerse en conocimiento del superior del órgano avocante. No existe competencia concurrente del delegante, ni una excusa del delegado que la habilite, ni un plazo mínimo para revocar.

14. Según la Ley de Procedimientos Administrativos, ¿qué efecto tiene la delegación de firma que un superior jerárquico autoriza a un funcionario?

1. No transfiere la competencia; se firma con «por» y el nombre y cargo del superior
2. Permite al designado firmar a su nombre los actos, incluidas las resoluciones finales
3. Transfiere al designado la competencia para resolver los asuntos de mero trámite del superior
4. Convierte al designado en suplente legal del superior durante su ausencia o enfermedad

El art. 48 de la LPA permite autorizar a un funcionario para firmar en nombre del superior «correspondencia corriente, transcripciones, notificaciones y otros escritos que no supongan resolver un asunto»; aclara que «la sustitución de firma no implica transferencia de competencia» y exige que el designado relacione el acuerdo y firme con la anotación «por», seguida del nombre y cargo del superior. La suplencia por vacancia, ausencia o enfermedad es una figura distinta, regulada en el art. 47.

15. Dos municipios se atribuyen la competencia para otorgar un permiso a la empresa de don Wilfredo Pineda, cuyo inmueble está en el límite entre ambos. Según la LPA, ¿quién resuelve ese conflicto de competencia?

1. El Ministerio de Gobernación, por tratarse de un conflicto entre municipios
2. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia
3. El Presidente de la República, como superior jerárquico del Órgano Ejecutivo
4. El juzgado de lo civil del domicilio del inmueble sobre el que versa el permiso

El art. 50 de la LPA ordena que los conflictos de competencia entre órganos los resuelva el superior jerárquico común y, a falta de este en el Órgano Ejecutivo, el Presidente de la República; pero «si el conflicto se produce entre administraciones locales, entre una administración local y un Órgano del Ejecutivo, o entre Instituciones Autónomas», lo resuelve la Sala de lo Contencioso Administrativo. Ningún ministerio ni juzgado civil tiene esa atribución.

16. Doña Lorena Cáceres no puede acudir a una oficina pública y quiere que su sobrino entregue en su nombre un escrito firmado por ella. Le consulta qué exige la LPA para esa presentación. ¿Qué le diría usted?

1. Que otorgue al sobrino un poder general judicial mediante escritura pública
2. Que comparezca en persona, porque presentar escritos es un acto personalísimo
3. Que su firma en el escrito sea legalizada, porque lo presentará un tercero
4. Que el sobrino acredite el parentesco con las partidas de nacimiento de ambos

El art. 5 de la LPA establece que la comparecencia en las oficinas públicas solo es obligatoria por disposición legal y que para presentar escritos no es necesaria la del interesado; pero «si la presentación de escritos dirigidos a la Administración se hace a través de un tercero, será necesario legalizar la firma del interesado». No se exige un poder judicial para la simple entrega del escrito, ni acreditar parentesco con quien lo lleva.

17. Don Gerardo Portillo quiere que un amigo de confianza, que no es abogado, lo represente en un procedimiento administrativo. Le pregunta si es posible y cómo otorgarle la representación. ¿Qué le diría usted?

1. Sí; por instrumento público, escrito con firma legalizada o ante el propio instructor
2. No; en sede administrativa solo puede representarlo un abogado con poder general judicial
3. Sí, pero solo mediante poder especial inscrito previamente en el Registro de Comercio
4. Sí; basta una carta simple firmada por usted, sin legalizar, dirigida al funcionario

El art. 67 inc. 2.º de la LPA permite que la representación la ejerzan personas que no sean profesionales del derecho, siempre que tengan capacidad para representar. El art. 69 dispone que se otorgue «mediante instrumento público o documento privado con firma legalizada notarialmente», o por comparecencia ante el funcionario competente para instruir, que lo hará constar en acta o en el mismo escrito de inicio. Una carta sin legalizar no basta, y la ley no exige inscripción registral del poder.

18. Durante un procedimiento, la oficina instructora impide verbalmente al abogado de doña Ana Gladis Rivas examinar el expediente y, por eso, no pudo presentar a tiempo sus alegaciones. La oficina se niega a dejar constancia escrita. ¿Qué le aconsejaría usted?

1. Acreditarla con una declaración jurada ante el mismo funcionario que negó el acceso
2. Aceptar el vencimiento, pues solo vale la constancia escrita que emita la oficina
3. Denunciarla ante la Fiscalía, como medio legal para probar la obstrucción sufrida
4. Acreditar la negativa con acta notarial y pedir nuevo plazo por fuerza mayor

El art. 85 de la LPA permite pedir la reposición de actuaciones y la habilitación de un nuevo plazo cuando la fuerza mayor impide actuar; la solicitud se presenta dentro de los cinco días posteriores al cese de la causa y el nuevo plazo no puede exceder del original. Su inciso final considera fuerza mayor «la negativa u obstáculo que la Administración oponga al interesado para examinar el expediente» y, si la Administración no deja constancia escrita, el interesado puede acreditarlo «mediante acta notarial». La denuncia penal no es el medio previsto para ese fin.

19. La sociedad de don Héctor Mancía tramita ante una institución pública el registro de un producto y presenta un certificado expedido por una autoridad de Guatemala, sin apostilla, que se refiere directamente a esa operación. El funcionario exige la apostilla. ¿Qué le diría usted?

1. Que debe apostillarlo antes de presentarlo, o la solicitud se archivará sin trámite
2. Que la exigencia es improcedente: en esas operaciones comerciales no se exige apostilla
3. Que debe protocolizarlo ante notario salvadoreño para que surta efectos en el país
4. Que debe presentar además una copia del certificado autenticada por un notario

El art. 4-A de la LPA, incorporado por el D.L. n.º 523 del 24 de febrero de 2026, dispone que la Administración no exigirá la legalización o apostilla de documentos públicos emanados en el extranjero, «ni requerirá copias autenticadas», cuando se refieran directamente a operaciones comerciales o aduaneras, «incluyendo el registro de productos». Aun cuando una ley especial exija la apostilla en otros supuestos, la Administración debe admitir el trámite y permitir cumplir el requisito hasta antes de la resolución definitiva (inc. 3.º). Protocolizar el documento no es un requisito previsto.

20. Según la Ley de Procedimientos Administrativos, ¿cómo se computa un plazo del procedimiento fijado en días?

1. En días calendario, prorrogándose al siguiente hábil si el último día es inhábil
2. En días hábiles, contados desde la fecha en que se dictó el acto que se notifica
3. Solo en días hábiles, desde el día siguiente a la notificación o publicación
4. En días calendario, desde el mismo día en que se notifica o se publica el acto

El art. 82 de la LPA dispone que, si los plazos se señalan por días u horas, «se computarán únicamente los días y horas hábiles», y que el plazo en días se cuenta «a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto». La regla de prórroga al primer día hábil, prevista en el mismo artículo, no convierte el plazo en días calendario, y el cómputo no arranca en la fecha en que se dicta el acto.

21. A don Óscar Melgar le notificaron una resolución definitiva apelable. Como su contador está fuera del país, quiere pedir a la institución que le amplíe el plazo para interponer la apelación. ¿Qué le diría usted?

1. Que no es posible, porque la prórroga solo puede acordarla de oficio la institución
2. Que no es posible: la ampliación de plazos no se aplica a la interposición de recursos
3. Que es posible solo si acredita la ausencia del contador con su certificado migratorio
4. Que es posible hasta por la mitad del plazo, si la pide motivadamente antes de que venza

El art. 83 de la LPA permite ampliar los plazos, de oficio o a petición motivada presentada antes del vencimiento, hasta la mitad del tiempo establecido; pero precisa que ello «no será aplicable al plazo previsto para concluir el procedimiento, ni al previsto para la interposición de recursos». La ampliación hasta la mitad del plazo, pedida antes de su vencimiento, es la regla general, que aquí no rige; y no es cierto que la prórroga solo pueda acordarse de oficio, pues el art. 83 la admite también a petición del interesado. Si una verdadera fuerza mayor impidiera actuar, la vía sería la habilitación de plazo del art. 85, no una prórroga.

22. En un procedimiento, el órgano instructor solicita un peritaje técnico. Según la Ley de Procedimientos Administrativos, ¿en qué plazo máximo debe emitirse?

1. En treinta días, ampliables hasta la mitad si el instructor lo pide motivadamente
2. En cinco días, porque los peritajes son actos de mero trámite del procedimiento
3. En quince días improrrogables, igual que los informes administrativos no técnicos
4. En veinte días desde su solicitud, ampliables motivadamente hasta otros veinte

El art. 86 n.º 2 de la LPA fija para «los dictámenes, peritajes e informes técnicos similares» un plazo de veinte días después de solicitados, salvo ampliación fundamentada que «no podrá exceder en todo caso de otros veinte días» (máximo total: 20 + 20 = 40 días hábiles). Los actos de mero trámite tienen cinco días (n.º 1) y los informes administrativos no técnicos, quince (n.º 3); la ampliación «hasta la mitad» es la regla general del art. 83, desplazada aquí por el tope propio de otros veinte días, y la ley no prevé treinta días para un peritaje.

23. La ley exige que, antes de resolver la solicitud de don Luis Alonso Pérez, el órgano competente consulte a otra institución. Transcurrieron quince días y la consulta no se ha evacuado. ¿Qué consecuencia prevé la LPA?

1. Caduca el trámite de consulta y el procedimiento puede continuar sin esa respuesta
2. La consulta se tiene por evacuada en el sentido favorable a lo pedido por el solicitante
3. Caduca el procedimiento y el interesado debe presentar una nueva solicitud completa
4. Se suspende el procedimiento sin límite hasta que la institución consultada responda

Según el art. 87 de la LPA, el órgano consultado debe evacuar la consulta en quince días y, «si no se evacuase la consulta dentro del plazo mencionado (…), caducará dicho trámite y podrá continuar el procedimiento». Excepcionalmente, se admiten respuestas tardías que protejan un interés público mientras no se haya emitido la resolución definitiva. El silencio del órgano consultado no equivale a una opinión favorable, no paraliza indefinidamente el expediente ni hace caducar el procedimiento.

24. Salvo lo que dispongan las leyes especiales, ¿en qué plazo máximo debe concluir un procedimiento administrativo según la Ley de Procedimientos Administrativos?

1. Seis meses desde su iniciación; diez días si solo exige presentar el escrito
2. Un año desde su iniciación; treinta días si solo exige presentar el escrito
3. Nueve meses desde su iniciación; veinte días si solo exige presentar el escrito
4. Nueve meses desde la apertura a prueba; quince días si es una petición simple

El art. 89 de la LPA obliga a dictar y notificar resolución expresa y fija que el procedimiento debe concluir «en el plazo máximo de nueve meses posteriores a su iniciación, haya sido ésta de oficio o a petición del interesado», salvo lo establecido en leyes especiales. Para las solicitudes que se resuelven «sin más trámite que la presentación del escrito», el plazo máximo es de veinte días. El cómputo arranca con la iniciación, no con la apertura a prueba.

25. El notificador acudió al domicilio de doña Sandra Marroquín, no encontró a nadie y fijó en lugar visible un aviso para que se presentara a la oficina. Ella no ha acudido. ¿Cuándo se tiene por hecha la notificación?

1. Al vencer quince días desde el aviso, plazo tras el cual se notifica por tablero
2. Solo cuando ella acuda a la oficina y firme la constancia de recibo del acto
3. Si no acude a la oficina en tres días, se entiende efectuada la notificación
4. Cuando se publique un edicto por tres veces en un diario de circulación nacional

El art. 98 n.º 6 de la LPA prevé que, si en el domicilio nadie puede hacerse cargo de la notificación, se deja constancia en el expediente del día y la hora del intento y se fija aviso en lugar visible para que el interesado acuda a la oficina; «si no acudiere en el plazo de tres días, se entenderá por efectuada la notificación». La notificación por tablero (art. 100) exige una resolución motivada previa y no depende de un plazo de quince días, y la publicación del art. 103 se reserva a otros supuestos.

26. En un procedimiento iniciado a solicitud del interesado vence el plazo máximo sin que se le notifique resolución expresa. Según la regla general de la Ley de Procedimientos Administrativos, ¿qué efecto se produce?

1. Ninguno: el plazo es orientativo y la institución resuelve cuando lo estime
2. Caducidad: se archiva el expediente y el interesado debe presentar otra solicitud
3. Silencio negativo: la petición se entiende denegada y solo habilita a recurrir
4. Silencio positivo: el interesado debe entender estimada la petición que presentó

El art. 113 inc. 1.º de la LPA dispone que, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin notificarse resolución expresa «producirá el efecto positivo, de modo que el interesado ha de entender estimada su petición». El silencio negativo solo opera en los casos tasados del inc. 2.º (derecho de petición sin regulación legal, transferencia de facultades sobre el dominio o el servicio público, impugnación de actos, o cuando una ley lo establezca). La caducidad se reserva a los procedimientos de oficio de gravamen (art. 114) o paralizados por el interesado (art. 117), y los plazos son obligatorios (art. 80).

27. La empresa de doña Isabel Quintanilla solicitó una concesión para explotar un bien de dominio público y la institución no resolvió dentro del plazo legal. Le pregunta si ya puede considerarse concesionaria. ¿Qué le diría usted?

1. No, porque en esos casos el silencio produce la caducidad y el archivo de la solicitud
2. Sí, pero antes debe pedir la certificación del silencio y publicarla en un diario
3. No, porque si se transfieren facultades sobre el dominio público el silencio es negativo
4. Sí, porque el vencimiento del plazo sin resolución le otorga la concesión pedida

Aunque la regla general es el silencio positivo, el art. 113 inc. 2.º n.º 2 de la LPA le da efecto negativo «cuando la solicitud tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público». Ese silencio negativo «únicamente habilita la interposición del recurso administrativo o el inicio de la vía Contencioso-Administrativa». La certificación del silencio sirve para probar el silencio producido, no lo convierte en positivo, y la caducidad es propia de los procedimientos de oficio de gravamen (art. 114 n.º 2).

28. La solicitud que presentó don Benjamín Zelaya se entendió desestimada por silencio administrativo y él interpuso apelación contra esa desestimación. El órgano competente tampoco resolvió la apelación dentro de su plazo. ¿Qué efecto produce ese segundo silencio?

1. Negativo: el recurso que no se resuelve en plazo se entiende desestimado
2. Positivo: al no resolverse la apelación, debe entenderse estimada su solicitud
3. La caducidad del recurso, que lo obliga a presentar una nueva solicitud inicial
4. Ninguno: debe esperar la resolución expresa antes de acudir a un tribunal

El art. 113 inc. 2.º n.º 3 de la LPA da efecto negativo al silencio en las peticiones dirigidas a impugnar actos, pero añade: «cuando se hubiere interpuesto recurso de apelación contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud, se producirán los efectos positivos del silencio si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo». La apelación debe resolverse y notificarse en un mes (art. 135 inc. final). Por eso la segunda falta de respuesta estima la solicitud de don Benjamín.

29. La solicitud de doña Karla Funes quedó estimada por silencio positivo. Un mes después, la institución le notifica una resolución expresa que la deniega, sin haber seguido procedimiento alguno de revisión ni de lesividad. ¿Qué le diría usted?

1. Que la denegación vale, aunque ella puede pedir la certificación del silencio producido
2. Que tras el silencio positivo la resolución expresa debía ir en el mismo sentido
3. Que la denegación es válida por dictarse antes de dos meses desde que operó el silencio
4. Que la resolución expresa prevalece, porque el silencio es solo una ficción provisional

Según el art. 113 de la LPA, el silencio positivo «tiene la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento», y su lit. a) dispone que la resolución expresa posterior «solo podrá dictarse en el mismo sentido del efecto producido a consecuencia del silencio, sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales sobre revocación, declaración de nulidad y lesividad». Para dejar sin efecto lo estimado, la institución tendría que acudir a la revisión de oficio (art. 118) o a la lesividad (art. 120). La ley no prevé un plazo de dos meses para contradecir el silencio.

30. Una institución inició de oficio un procedimiento sancionador contra la empresa de don Rafael Arévalo y dejó vencer el plazo máximo sin dictar ni notificar resolución, sin que la empresa causara la demora. ¿Qué efecto prevé la LPA?

1. Se entiende sancionada la empresa por silencio, con la multa mínima prevista
2. El plazo se prorroga de oficio por la mitad para que la institución pueda resolver
3. Se produce la caducidad, y la resolución que la declare debe ordenar el archivo
4. Se entiende desestimada por silencio la defensa que la empresa había presentado

El art. 114 n.º 2 de la LPA establece que, en los procedimientos de oficio en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o de intervención con efectos desfavorables, el vencimiento del plazo máximo sin resolución «producirá la caducidad», y la resolución que la declare «ordenará el archivo de las actuaciones». El cómputo solo se interrumpe si la paralización es imputable al interesado (inc. final). La prórroga del art. 83 no se aplica al plazo para concluir el procedimiento, y el silencio nunca impone sanciones.

31. El procedimiento que promovió don Ulises Barrera está paralizado por una causa imputable exclusivamente a él. Según la Ley de Procedimientos Administrativos, ¿qué plazos deben transcurrir antes de que se declare la caducidad?

1. Diez días para atender el requerimiento y sesenta días más desde su vencimiento
2. Un mes para atender el requerimiento y tres meses más desde su vencimiento
3. Cinco días para atender el requerimiento y quince días más desde su vencimiento
4. Diez días para atender el requerimiento y treinta días más desde su vencimiento

El art. 117 inc. 1.º de la LPA ordena requerir al interesado para que, en diez días, realice el trámite, advirtiéndole en la misma resolución que, «transcurridos treinta días desde el vencimiento concedido para atender el requerimiento, se declarará la caducidad». En total, al menos 10 + 30 = 40 días hábiles desde el día siguiente a la notificación del requerimiento (art. 82). El procedimiento continúa, pese a todo, si suscita cuestiones de interés general (inc. 2.º), y la caducidad no produce por sí sola la prescripción (inc. 3.º).

32. Un concejo municipal descubre que hace tres años otorgó un permiso favorable afectado por un vicio de nulidad absoluta y que nadie recurrió. El síndico le pregunta si aún puede declararse su nulidad en vía administrativa. ¿Qué le diría usted?

1. Sí, pero solo un juzgado de lo contencioso puede declararla, previa lesividad
2. No, porque pasaron más de dos años y el acto favorable adquirió firmeza definitiva
3. No, porque un acto favorable solo cae con el consentimiento expreso de su titular
4. Sí, en cualquier momento, por revisión de oficio que corresponde al concejo municipal

El art. 118 de la LPA permite a la Administración, «en cualquier momento, por iniciativa propia o a instancia de interesado», declarar en vía administrativa la nulidad de los actos favorables que no hayan sido recurridos en plazo cuando adolezcan de nulidad absoluta; la declaratoria exige dictamen favorable del órgano de máxima jerarquía, que en los municipios es el Concejo Municipal (inc. 3.º), y no hace falta recabarlo si el acto lo dictó ese mismo superior (inc. 4.º). En el procedimiento se oye a los afectados al menos quince días (art. 119 n.º 4). La lesividad ante lo contencioso (art. 120) es la vía para los actos con nulidad relativa, no absoluta.

33. Un ministerio advierte que un acto favorable que dictó hace dos años adolece de nulidad relativa y resulta lesivo para el interés público. Según la LPA y la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ¿cuál es la vía correcta para dejarlo sin efecto?

1. Declarar su nulidad por revisión de oficio, previo dictamen de la máxima autoridad
2. Declararlo lesivo, publicar el acuerdo y demandar su anulación ante lo contencioso
3. Revocarlo de oficio por resolución motivada, sin necesidad de acudir a un tribunal
4. Convalidarlo, porque la Administración no puede impugnar sus actos favorables

El art. 120 de la LPA permite a la Administración impugnar ante lo contencioso administrativo sus actos favorables con nulidad relativa, previa declaración de lesividad del superior jerárquico o, si no lo hay, del mismo funcionario que lo dictó (con audiencia de al menos quince días a los interesados) y nunca después de cuatro años desde que se dictó el acto. La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa exige publicar el acuerdo en el Diario Oficial dentro de los quince días siguientes (art. 93) y demandar en sesenta días desde esa publicación (art. 25 lit. e). La revocación de oficio solo cabe para actos desfavorables (art. 121 LPA) y la revisión de oficio, para la nulidad absoluta (art. 118).

34. Según la Ley de Procedimientos Administrativos, ¿qué carácter tienen los recursos de apelación y de reconsideración para acceder a la jurisdicción contencioso administrativa?

1. La apelación es preceptiva para acudir a lo contencioso; la reconsideración, potestativa
2. La reconsideración es preceptiva para acudir a lo contencioso; la apelación, potestativa
3. Ambos son potestativos, y puede demandarse sin haber interpuesto recurso alguno
4. Ambos son preceptivos y deben agotarse uno tras otro antes de presentar la demanda

El art. 124 de la LPA establece que el recurso de apelación «será preceptivo para acceder a la Jurisdicción Contencioso Administrativa» y que el de reconsideración «tendrá carácter potestativo»; el extraordinario de revisión también es potestativo. Si se opta por la vía judicial ya no pueden interponerse los recursos potestativos, pero si se interpusieron puede desistirse de ellos para acudir a lo contencioso. La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa exige, por su parte, haber agotado la vía administrativa (art. 24).

35. A don Julio Rodas le notificaron un acto definitivo expreso y quiere pedir al mismo órgano que lo dictó que lo reconsidere. ¿De qué plazo dispone según la Ley de Procedimientos Administrativos?

1. Quince días desde el siguiente a la notificación; un mes si el acto fuera presunto
2. Diez días desde el siguiente a la notificación; un mes si el acto fuera presunto
3. Un mes desde el siguiente a la notificación; tres meses si el acto fuera presunto
4. Cinco días desde el siguiente a la notificación; diez días si fuera un acto presunto

Los arts. 132 y 133 de la LPA regulan la reconsideración, que se interpone contra actos definitivos ante el mismo órgano que los dictó: si el acto es expreso, el plazo es de diez días contados a partir del día siguiente a la notificación; si es presunto, de un mes desde el día siguiente a aquel en que se producen los efectos del silencio. Se resuelve en un mes y no cabe nueva reconsideración. Los quince días corresponden a la apelación (art. 135).