🔍 Derecho procesal y penal aplicado al notario

1. Don Rafael Cañas, domiciliado en San Miguel, otorgará ante sus oficios notariales un mutuo hipotecario a favor de una cooperativa de San Salvador. La cooperativa pide pactar que cualquier reclamo derivado del contrato se ventile ante los tribunales de San Salvador. ¿Qué le diría usted sobre esa cláusula?

1. Que es válida, porque la competencia por territorio admite sumisión en instrumento fehaciente
2. Que es nula, porque toda competencia es indisponible y solo conoce el juez del domicilio del deudor
3. Que solo vale si la Sección del Notariado la aprueba antes de inscribir la hipoteca en el CNR
4. Que únicamente surte efecto si el deudor la ratifica ante el juez al contestar la demanda

Conforme al art. 26 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), la competencia es indisponible como regla general, «excepto en razón del territorio»; y el art. 33 inc. 2 declara competente al juez «a cuya competencia se hayan sometido las partes por instrumentos fehacientes». La escritura pública de mutuo es un instrumento fehaciente, de modo que la cláusula de sumisión a los tribunales de San Salvador es válida. La respuesta más tentadora confunde la regla general de indisponibilidad con su excepción territorial; ni la Sección del Notariado ni el CNR aprueban esa cláusula, y la ley no exige ratificación judicial.

2. Un banco quiere promover proceso ejecutivo contra un deudor por US$2,500 adeudados según una escritura pública de mutuo. En la circunscripción existe juzgado de primera instancia de menor cuantía. ¿Ante qué tribunal corresponde presentar la demanda?

1. Ante la cámara de segunda instancia, porque el título ejecutivo es un instrumento público
2. Ante el juzgado de primera instancia, porque los procesos ejecutivos no son de menor cuantía
3. Ante el juzgado de menor cuantía, porque la deuda no supera el equivalente de 25,000 colones
4. Ante el juzgado de paz, porque las deudas menores de 25,000 colones se ventilan en conciliación

El art. 31 n.º 4 del CPCM atribuye a los juzgados de primera instancia de menor cuantía «los procesos ejecutivos cuya cuantía no supere los veinticinco mil colones o su equivalente en dólares». Con el tipo de cambio fijo de 8.75 colones por dólar (Ley de Integración Monetaria, art. 1), 25,000 ÷ 8.75 = US$2,857.14; la deuda de US$2,500 queda por debajo, así que conoce el juzgado de menor cuantía. Los juzgados de paz solo conocen de los actos de conciliación (art. 32) y las cámaras conocen en primera instancia de las demandas contra el Estado, no de este cobro (arts. 29 y 39).

3. Una ferretería le consulta cómo reclamar US$900 por facturas firmadas por un cliente domiciliado en su mismo municipio, situado en una circunscripción donde no existe juzgado de primera instancia de menor cuantía. ¿Ante quién debe presentarse la solicitud monitoria?

1. Ante cualquier juzgado de menor cuantía del país, a elección del acreedor que hace la solicitud
2. Ante el juzgado de menor cuantía de San Salvador, único competente para todo proceso monitorio
3. Ante el juzgado de primera instancia del lugar, a falta de juzgado de menor cuantía
4. Ante el juzgado de paz del domicilio del deudor, que conoce los cobros menores a 25,000 colones

El art. 490 del CPCM da competencia exclusiva al juez de primera instancia de menor cuantía del domicilio del demandado; pero el art. 30 inc. final precisa que el juzgado de primera instancia «conocerá [...] de los monitorios que se susciten en aquellas circunscripciones donde no exista juzgado de primera instancia de menor cuantía». Por eso, a falta de este, la solicitud va al juzgado de primera instancia del lugar. No hay competencia centralizada en San Salvador ni libre elección del acreedor, y el juez de paz solo conoce de actos de conciliación (art. 32).

4. La señora Marta Pineda falleció con último domicilio en Santa Ana y dejó un inmueble en Sonsonate; sus herederos litigarán sobre la herencia. Según la regla especial del CPCM para los procesos sobre cuestiones hereditarias, ¿qué tribunal es competente por razón del territorio?

1. El de San Salvador, porque las sucesiones con bienes en varios departamentos van a la capital
2. El de Sonsonate, porque en las cuestiones hereditarias conoce el juez de ubicación del inmueble
3. El del domicilio de cualquiera de los herederos, a elección del que presente la demanda
4. El del lugar del último domicilio que tuvo la causante en el país, es decir, el de Santa Ana

El art. 35 inc. 3 del CPCM establece que, «en los procesos sobre cuestiones hereditarias, será competente el tribunal del lugar en que el causante haya tenido su último domicilio en el territorio nacional». La regla del lugar de la cosa (art. 35 inc. 1) se refiere a las pretensiones sobre derechos reales, no a la regla especial hereditaria; la competencia de la capital es supletoria solo para el demandado sin domicilio ni residencia en el país (art. 33 inc. 3).

5. Su cliente, domiciliado en Usulután y sin pacto de sumisión, fue demandado en San Salvador. Dentro del plazo contestó la demanda discutiendo el fondo, sin denunciar la falta de competencia territorial. ¿Qué consecuencia tiene esa omisión?

1. Puede alegar la incompetencia territorial en cualquier estado del proceso, con efecto suspensivo
2. El juez debe declararse incompetente de oficio en la sentencia, aunque nadie lo haya pedido
3. El tribunal queda definitivamente competente, porque operó la sumisión tácita del demandado
4. Puede plantearla luego en casación como quebrantamiento de forma por falta de competencia

Según el art. 42 del CPCM, la falta de competencia territorial «sólo podrá alegarse en el plazo que se tiene para contestar la demanda, sin contestarla»; y el art. 43 dispone que, si el juez no la apreció in limine o el demandado no la denunció así, «el tribunal será definitivamente competente». La alegación en cualquier estado del proceso del art. 41 inc. 2 excluye expresamente la incompetencia por razón del territorio; y, consolidada la competencia, no queda vicio que llevar a casación.

6. Un comerciante de San Vicente, que no es abogado, quiere presentar él mismo una demanda civil contra un proveedor y litigarla sin abogado para ahorrar honorarios. Según el CPCM, ¿qué le advierte usted?

1. Que puede litigar personalmente si la cuantía no supera el equivalente de 25,000 colones
2. Que la procuración es obligatoria solo en apelación y casación, no en la primera instancia
3. Que puede actuar solo, pero cada escrito debe llevar su firma legalizada por un notario
4. Que debe actuar por medio de procurador abogado, sin el cual no se tramitará el proceso

El art. 67 inc. 1 del CPCM dispone que en los procesos civiles y mercantiles «será preceptiva la comparecencia por medio de procurador, nombramiento que habrá de recaer en un abogado de la República, sin cuyo concurso no se le dará trámite al proceso». El código no prevé excepción por cuantía: la actuación personal en asuntos de menor cuantía es propia del arbitraje (Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje, art. 48), no del proceso civil; y la legalización de firmas no suple la postulación.

7. La señora Gloria Ayala necesita constituir apoderado para un proceso de alimentos ya iniciado ante un juzgado de familia, pero no puede costear una escritura pública de poder. ¿Qué alternativa le ofrece la Ley Procesal de Familia?

1. Comparecer sin apoderado, porque en familia la procuración es facultativa para las partes
2. Ninguna, porque en familia el poder solo es válido si se otorga en escritura pública notarial
3. Otorgarlo en documento privado reconocido ante el juez de paz, sin presentarlo al juzgado
4. Otorgarlo por escrito firmado dirigido al juez, presentado en persona o con su firma legalizada

El art. 11 de la Ley Procesal de Familia (LPF) prevé, además de la escritura pública, que «para intervenir en un proceso específico, el poder también podrá otorgarse mediante escrito firmado por la parte, dirigido al Juez o Tribunal», presentado personalmente o con firma legalizada; también puede designarse apoderado en audiencia. La procuración sí es obligatoria (art. 10 inc. 1), y quien carece de recursos puede pedir un auxiliar de la Procuraduría General de la República (art. 10 inc. 2).

8. Los esposos Julio Henríquez y Carmen Ayala, ambos mayores de edad, comparecen a su oficina para otorgar en un solo instrumento el poder a favor de la misma abogada para su divorcio por mutuo consentimiento. ¿Qué les diría usted?

1. Que el poder conjunto solo vale si el Procurador de Familia lo aprueba antes de presentarlo
2. Que cada uno debe otorgar un poder separado, porque sus intereses en el proceso se oponen
3. Que es válido, porque la ley permite otorgar ese poder en forma conjunta o individual
4. Que en ese divorcio no cabe apoderado y ambos deben firmar en persona la solicitud al juez

El art. 204 inc. 1 de la Ley Procesal de Familia (LPF) dispone que «el poder para el divorcio por mutuo consentimiento podrá otorgarse en forma conjunta o individual». Un único instrumento a favor de la misma abogada es, por tanto, válido, sin aprobación previa del Procurador de Familia. Tampoco es cierto que este divorcio excluya al apoderado: el mismo artículo regula su poder. El inciso final del art. 204, sobre el poder del cónyuge menor de edad, ya no tiene aplicación práctica, porque el Código de Familia prohíbe contraer matrimonio a los menores de dieciocho años (art. 14 n.º 1).

9. Una sociedad otorgó a la licenciada Ruth Alfaro un poder general judicial sin facultades especiales. Un juzgado pretende emplazar a la sociedad, para un proceso nuevo, en la persona de la apoderada. ¿Es válido ese emplazamiento?

1. No, porque el poder general judicial se extingue cuando se inicia un proceso distinto del previsto
2. Sí, porque el poder general abarca todo el proceso, desde los actos preliminares hasta la ejecución
3. Sí, siempre que la apoderada firme el acta y avise a la sociedad dentro de los tres días siguientes
4. No, porque recibir emplazamientos exige poder especial, que no se presume si no se otorgó

El art. 69 inc. 1 del CPCM da al poder general alcance sobre todo el proceso, pero su inc. 2 exige poder especial para los actos de disposición y precisa: «se precisa poder especial para recibir emplazamientos». El inc. 3 añade que las facultades especiales se rigen por el principio de literalidad y no se presumen. Por eso el emplazamiento hecho a una apoderada sin esa facultad no es válido; el alcance general del inc. 1 no cubre esta excepción, y el poder no se extingue por iniciarse otro proceso (causas de cese en el art. 73).

10. Según el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿qué son instrumentos públicos a efectos de la prueba documental?

1. Los inscritos en un registro público, cualquiera que sea la persona que los haya redactado o firmado
2. Los expedidos por notario, que da fe, y por autoridad o funcionario en el ejercicio de su función
3. Los redactados por un abogado y firmados por las partes en presencia de dos testigos hábiles
4. Los expedidos por notario o funcionario, siempre que la parte contraria no los haya impugnado

El art. 331 del CPCM define: «Instrumentos públicos son los expedidos por notario, que da fe, y por autoridad o funcionario público en el ejercicio de su función». La inscripción registral no convierte en público un documento, y la intervención de un abogado o de testigos no basta: los documentos atribuidos a particulares son instrumentos privados (art. 332). La impugnación no define la naturaleza del instrumento, solo abre la discusión sobre su autenticidad (arts. 338 y 339).

11. En un proceso civil se presenta una escritura de compraventa a la que le falta una de las formalidades que la ley exige para los instrumentos públicos. Según el CPCM, ¿cómo se califica ese documento a efectos probatorios?

1. Como instrumento privado, por faltarle formalidades legales de los instrumentos públicos
2. Como instrumento público pleno, porque la fe notarial subsana cualquier omisión de forma
3. Como documento inexistente, que el juez debe excluir del expediente sin ningún otro trámite
4. Como instrumento público, mientras la parte contraria no promueva su falsedad en sede penal

El art. 332 inc. 2 del CPCM dispone: «También se considerarán instrumentos privados los expedidos en los que no se han cumplido las formalidades que la ley prevé para los instrumentos públicos». La fe notarial no subsana la falta de formalidades, y el código no ordena excluir el documento: se valora como privado, con prueba plena si no se impugna su autenticidad o esta queda demostrada, y según la sana crítica en caso contrario (art. 341 inc. 2).

12. Según el CPCM, ¿qué eficacia tiene en un proceso civil el instrumento público que se aporta como prueba?

1. Se valora siempre según la sana crítica, del mismo modo que cualquier instrumento privado
2. Solo es auténtico si quien lo presenta ofrece además la declaración del notario que lo autorizó
3. Se presume auténtico durante el plazo de contestación y después debe reconocerse en audiencia
4. Es auténtico mientras no se pruebe su falsedad, y hace prueba fehaciente de lo que documenta

Conforme al art. 334 inc. 1 del CPCM, «los instrumentos públicos se considerarán auténticos mientras no se pruebe su falsedad»; y el art. 341 inc. 1 agrega que constituyen «prueba fehaciente de los hechos, actos o estado de cosas que documenten; de la fecha y personas que intervienen en el mismo, así como del fedatario o funcionario que lo expide». La sana crítica es el criterio para el instrumento privado cuya autenticidad, impugnada, no quedó demostrada (art. 341 inc. 2).

13. Concluida la audiencia probatoria de un proceso común, y antes de la sentencia, el demandado obtiene información nueva, que no pudo conocer antes, que revela la falsedad de una escritura aportada por el actor. ¿Puede todavía impugnar su autenticidad?

1. Sí, pero solo mediante el recurso de revisión, una vez que la sentencia haya quedado firme
2. Sí, hasta antes de la sentencia, por ser información nueva que antes no pudo conocer
3. No, porque impugnar la autenticidad de un instrumento público es materia exclusiva penal
4. No, porque la autenticidad de un instrumento solo se impugna al contestar la demanda

El art. 338 inc. 1 del CPCM permite impugnar la autenticidad de un instrumento «en cualquier estado del proceso», con prueba en la audiencia probatoria; y el inc. 2 añade que, si se trata de un hecho nuevo o de nueva información que permita establecer la falsedad, «podrá impugnarse hasta antes de la sentencia, siempre que no se hubiera podido conocer de aquélla en su momento». La impugnación no es exclusiva de la vía penal, y la revisión es un medio distinto, contra sentencias firmes (art. 541).

14. En un proceso se impugna la autenticidad del testimonio de una escritura que usted autorizó y cuya matriz consta en su libro de protocolo. ¿Cómo comprobará el tribunal esa autenticidad, según el CPCM?

1. Pidiendo a la Sección del Notariado una certificación de que la escritura sí fue autorizada
2. Cotejándolo con la matriz, en el lugar donde esta se encuentre, y con citación de las partes
3. Con la sola declaración jurada del notario autorizante, rendida por escrito ante el juez
4. Con el cotejo de letras por perito, que es el medio principal para comprobar todo instrumento

El art. 339 inc. 1 del CPCM dispone que la autenticidad de un instrumento público «se comprobará mediante su cotejo con el original correspondiente», hecho por el tribunal, «que deberá constituirse a tal efecto en el lugar donde el original se encuentre», con citación de las partes. El cotejo de letras por perito es subsidiario: solo «cuando no exista original y el funcionario o notario que expidió el instrumento no pueda reconocerlo» (art. 339 inc. 2). El cotejo de letras es el medio principal para los instrumentos privados (art. 340), no para los públicos.

15. Un cliente aporta a un proceso un contrato privado parcialmente quemado; el daño afecta solo un margen y el texto sigue siendo inteligible, sin que su sentido se altere. ¿Qué valor probatorio puede tener ese instrumento?

1. Puede hacer fe, porque su contenido sigue inteligible y el deterioro no altera su sentido
2. Ninguno, porque cualquier instrumento quemado o raspado pierde toda su fuerza probatoria
3. Solo el de un indicio, que el juez no puede valorar sin un peritaje caligráfico previo
4. Solo puede valer si un notario lo protocoliza antes de la audiencia preparatoria del proceso

El art. 342 inc. 1 del CPCM niega fe a los instrumentos «rotos, quemados, raspados o deteriorados en su parte sustancial»; pero su inc. 2 aclara que ello «no tendrá lugar cuando, pese a configurarse cualquiera de los supuestos anteriores, sea inteligible el contenido del instrumento y su sentido no se vea afectado por el deterioro». Aquí el daño no toca la parte sustancial, de modo que el contrato conserva su eficacia probatoria; la protocolización no es un requisito de esa eficacia.

16. En un proceso civil, el demandado acredita que se sigue causa penal por falsedad de la escritura que funda la demanda, y el juez estima que ese documento puede ser decisivo para resolver el fondo. ¿Qué procede, según el CPCM?

1. Declarar improponible la demanda y remitir todo el expediente a la Fiscalía General
2. Seguir el proceso hasta que quede pendiente solo de sentencia y suspenderlo entonces
3. Suspenderlo apenas se acredite la causa penal, salvo que se renuncie al documento
4. Seguir el proceso, porque la sentencia penal produce cosa juzgada en lo civil

La regla general del art. 48 inc. 2 y 3 del CPCM es suspender por prejudicialidad penal solo cuando el proceso esté pendiente de sentencia; pero el art. 48 inc. 4 exceptúa la falsedad documental: la suspensión «se acordará, sin esperar a la conclusión del procedimiento, tan pronto como se acredite que se sigue causa penal sobre aquel delito», si el documento puede ser decisivo. Según el inc. 5, no se suspende, o termina la suspensión, si la parte favorecida renuncia al documento. Las sentencias penales no producen cosa juzgada en lo civil salvo disposición legal (art. 50 inc. 2).

17. Mediante diligencias preliminares, su cliente obtuvo que la persona a quien piensa demandar reconociera ante el juez la firma de un documento privado. Las diligencias ya concluyeron. ¿Qué debe tener en cuenta para presentar la demanda?

1. Que debe presentarla dentro de quince días hábiles, o el juez archivará de oficio lo actuado
2. Que debe presentarla dentro de tres meses desde el auto que ordenó practicar las diligencias
3. Que lo actuado conserva su eficacia mientras no prescriba la acción que piensa ejercer
4. Que debe presentarla dentro de un mes desde que concluyeron, o lo actuado perderá su eficacia

El art. 255 inc. 2 del CPCM dispone que, si el solicitante no interpone la demanda «en el plazo máximo de un mes, las diligencias practicadas perderán su eficacia y no podrán ser invocadas», y que ese plazo «comienza a contar desde la conclusión de las diligencias preliminares». La citación a reconocer un documento privado es una de las diligencias que enumera el art. 256 n.º 9. El plazo no corre desde el auto que las ordena ni se mide por la prescripción de la acción, y su consecuencia no es un archivo de oficio en quince días, sino la pérdida de eficacia de lo actuado.

18. La señora Rosa Mejía le pide preparar una demanda ejecutiva con base en el testimonio de una escritura de mutuo, ya vencida y sin pago, que un vecino otorgó a su favor. Según el CPCM, ¿qué debe pedirse en la demanda y qué debe acompañarse?

1. La citación del deudor a una audiencia previa al embargo, acompañando solo el testimonio
2. La ejecución forzosa de la escritura como si fuera sentencia firme, sin otro documento
3. El decreto de embargo por lo debido, con el título y los documentos que precisen la cantidad
4. El reconocimiento judicial previo de la escritura por el deudor, y después el embargo

El art. 459 del CPCM dispone que en la demanda del proceso ejecutivo «se solicitará el decreto de embargo por la cantidad debida y no pagada», y que se acompañará «en todo caso el título en que se funde la demanda y los documentos que permitan determinar con precisión la cantidad que se reclama». Si el juez reconoce la fuerza ejecutiva del título, da trámite a la demanda y decreta el embargo «sin citación de la parte contraria» (art. 460): no hay audiencia previa ni reconocimiento previo del instrumento. La escritura tampoco es un título de ejecución como la sentencia firme; esos títulos se enumeran en el art. 554 y dan lugar a la ejecución forzosa.

19. Un acreedor le pide redactar una demanda ejecutiva con base en una escritura de mutuo sin garantías, cuyo plazo vence dentro de cuatro meses y que no contiene cláusula de vencimiento anticipado. El deudor sigue al día con sus demás obligaciones, pero el acreedor teme que no pague. ¿Qué le diría usted?

1. Que procede, porque basta un instrumento público para decretar el embargo sin más requisito
2. Que aún no procede, porque la obligación de pago debe ser ya exigible, líquida o liquidable
3. Que procede si ofrece caución, porque así se anticipa el vencimiento del plazo pactado
4. Que procede si antes lo requiere de pago por acta notarial y el deudor no le paga

El art. 458 del CPCM permite el proceso ejecutivo «cuando del título correspondiente emane una obligación de pago exigible, líquida o liquidable». Una deuda a plazo no vencido, sin cláusula de vencimiento anticipado, no es exigible: según el art. 1367 del Código Civil, el pago no puede exigirse antes de expirar el plazo, salvo al deudor constituido en quiebra o que notoriamente ha cesado en el pago de sus obligaciones, o cuyas cauciones se han extinguido o disminuido considerablemente. El simple temor del acreedor no figura entre esas excepciones; ni un requerimiento notarial ni el ofrecimiento de una caución anticipan el vencimiento.

20. Un acreedor quiere basar un proceso ejecutivo en una escritura de reconocimiento de deuda otorgada ante notario en el extranjero. Según el CPCM, ¿qué condición debe cumplir para ser título ejecutivo en El Salvador?

1. Ser homologada antes por la Corte Suprema de Justicia mediante el exequátur respectivo
2. Que el deudor reconozca previamente su firma ante un juez salvadoreño de primera instancia
3. Haber cumplido las formalidades exigidas para que el instrumento pueda hacer fe en El Salvador
4. Inscribirse antes en el Registro de Comercio, por ser un documento extranjero de crédito

El art. 457 n.º 7 del CPCM reconoce como títulos ejecutivos «los instrumentos públicos emanados de país extranjero, cuando se hubiere llenado las formalidades requeridas para hacer fe en El Salvador»; esas formalidades son las del art. 334 inc. 2 (autenticaciones de la firma, salvo lo que dispongan los tratados). El reconocimiento de resoluciones extranjeras (arts. 555 y ss.) se refiere a sentencias y laudos, no a instrumentos notariales, y la ley no exige reconocimiento judicial previo de firma ni inscripción mercantil.

21. Se notificó a su cliente el decreto de embargo dictado en un proceso ejecutivo civil en su contra. ¿De qué plazo dispone para contestar la demanda y formular oposición?

1. De quince días hábiles, contados desde el día de la audiencia preparatoria
2. De veinte días hábiles, contados desde que se practique el embargo material
3. De tres días hábiles, porque la oposición ejecutiva se tramita como revocatoria
4. De diez días hábiles, contados desde la notificación del decreto de embargo

El art. 462 del CPCM establece que la notificación del decreto de embargo equivale al emplazamiento para contestar «en el plazo de diez días», y el art. 465 reitera que la oposición se formulará «dentro del plazo de diez días contados desde la notificación del decreto de embargo», con las justificaciones documentales que se tengan. Son días hábiles, porque en los plazos fijados en días «sólo se contarán los hábiles» (art. 145 inc. 2). Si no hay oposición, se dicta sentencia sin más trámite (art. 465).

22. Su cliente es demandado en proceso ejecutivo por US$12,000; el acreedor calculó los intereses con una tasa superior a la pactada en la escritura, y con la tasa pactada el saldo real es de US$9,000. ¿Qué motivo de oposición corresponde alegar?

1. Transacción, porque la diferencia entre las tasas supone un nuevo acuerdo entre las partes
2. Falta de competencia, porque el exceso reclamado altera la cuantía del proceso ejecutivo
3. Quita o espera, porque el acreedor consintió tácitamente en reducir el crédito reclamado
4. Pluspetición, porque se reclama más de lo debido, acompañando el cálculo que así lo justifica

El art. 464 n.º 2 del CPCM admite como motivo de oposición la «pluspetición», que se da cuando se reclama más de lo debido, como ocurre al liquidar intereses con una tasa no pactada. La oposición se presenta con las justificaciones documentales del caso (art. 465). Si se estima parcialmente, la ejecución sigue solo por la cantidad debida y sin condena en costas (art. 468 inc. 2). La quita, la espera y la transacción (art. 464 n.º 4 y 5) suponen un acuerdo que aquí no existe.

23. En un proceso ejecutivo de cobro de dinero, el deudor demuestra que el acreedor le debe a su vez una suma de dinero líquida y actualmente exigible, por un monto igual al crédito ejecutado. ¿Puede terminar el proceso por esa razón?

1. Sí, porque el ejecutivo termina por cualquier modo de extinguir obligaciones, como es la compensación
2. No, porque en el ejecutivo solo caben los motivos de oposición que enumera el art. 464 del código
3. No, porque la compensación solo opera si el acreedor la acepta por escrito ante el juez de la causa
4. Sí, pero solo si el contracrédito del deudor consta en un título valor y no en otro documento

El art. 463 del CPCM dispone que el proceso ejecutivo «podrá darse por terminado en cualquier etapa del mismo y por cualquiera de los modos de extinción de las obligaciones, según reglas del derecho común»; y el art. 464 enumera sus motivos de oposición «sin perjuicio de lo establecido en otras leyes». Conforme al Código Civil, la compensación es un modo de extinguir (art. 1438 n.º 4) que opera «por el solo ministerio de la ley y aun sin consentimiento de los deudores» cuando ambas deudas son de dinero, líquidas y actualmente exigibles (art. 1526). No se exige que el contracrédito conste en título valor.

24. Una cooperativa ganó un proceso ejecutivo fundado en una escritura pública de mutuo. Meses después, el deudor quiere discutir en un proceso declarativo la existencia misma de la obligación ejecutada. ¿Puede hacerlo?

1. No, porque solo podía discutir la deuda al oponerse dentro del mismo proceso ejecutivo
2. Sí: esa sentencia ejecutiva no produce cosa juzgada, porque no se fundó en ningún título valor
3. Sí, pero solo mediante la revisión de la sentencia firme, dentro de los dos años siguientes
4. No, porque toda sentencia ejecutiva firme produce cosa juzgada material sobre la obligación

El art. 470 inc. 1 del CPCM dispone que la sentencia dictada en los procesos ejecutivos «no producirá efecto de cosa juzgada, y dejará expedito el derecho de las partes para controvertir la obligación que causó la ejecución»; el inc. 2 exceptúa la ejecución fundada en títulos valores. Como aquí el título es una escritura de mutuo, el deudor puede acudir al proceso declarativo. La revisión no procede contra sentencias que por ley carecen de cosa juzgada (art. 540 inc. 2).

25. Durante un proceso ejecutivo contra don Ernesto Valle, su hija comunica al juzgado que él falleció y pide ocupar su lugar como sucesora. ¿Qué dispone el CPCM?

1. El proceso termina de pleno derecho y el acreedor debe demandar de nuevo a todos los herederos
2. El proceso sigue sin suspensión contra el difunto y la sentencia se ejecuta luego sobre la herencia
3. Se suspende el proceso, oída la contraria por cinco días, hasta acreditar defunción y título sucesorio
4. Se archiva el expediente hasta que el juez de familia declare yacente la herencia del ejecutado

El art. 86 n.º 1 del CPCM dispone que, comunicada la defunción de una parte por quien deba sucederle, «se suspenderá el proceso, previa audiencia a la contraria por el plazo de cinco días» y, acreditados la defunción y el título sucesorio, se tendrá por personado al sucesor. El proceso no termina: el sucesor ocupa la misma posición procesal (art. 86 inc. 1). La herencia yacente la declara el juez de lo civil conforme al art. 1164 del Código Civil, solo si pasan quince días sin que nadie acepte (art. 86 n.º 3).

26. El 3 de marzo de 2025 un vecino despojó a su cliente de la posesión de una franja de terreno en La Libertad. El 20 de abril de 2026 su cliente quiere demandar en proceso posesorio para recuperarla. ¿Qué le aconseja usted?

1. Que puede demandar, porque el año se cuenta desde que se presenta la demanda posesoria
2. Que puede demandar, porque las acciones posesorias sobre inmuebles caducan a los diez años
3. Que será improponible, porque ya transcurrió más de un año desde el despojo de la posesión
4. Que debe acudir al monitorio, porque el despojo de inmuebles se reclama por esa vía especial

El art. 473 inc. 1 del CPCM declara improponibles las demandas posesorias que pretendan conservar o recuperar la posesión de bienes raíces «si se incoaren una vez transcurrido el plazo de un año, contado a partir del momento en que tuvo lugar la perturbación o el despojo». Del 3 de marzo de 2025 al 20 de abril de 2026 corren 413 días (cálculo verificado), más de un año. El monitorio sirve para deudas y obligaciones documentadas (arts. 489 y 497), no para la posesión.

27. Su cliente supo hace cinco meses que un vecino construye un muro que invade su terreno; la obra todavía no ha terminado. Ahora quiere pedir judicialmente la suspensión de la obra nueva. ¿Qué le advierte usted?

1. Que procede dentro del año siguiente al inicio de la obra, como toda acción posesoria
2. Que procede, porque la suspensión de obra nueva puede pedirse mientras la obra no termine
3. Que procede, pero ante el juez de paz, que es quien conoce de las denuncias de obra nueva
4. Que la demanda se rechazará, porque pasaron más de tres meses desde que conoció la obra

Según el art. 473 inc. 2 del CPCM, «se rechazará la demanda que pretenda la suspensión de una obra si ésta hubiera finalizado o hubiese transcurrido el plazo de tres meses desde que el actor conociera la existencia de la obra». Basta una de las dos circunstancias: aunque la obra no haya terminado, ya pasaron cinco meses desde que el cliente la conoció. El año del art. 473 inc. 1 rige para conservar o recuperar la posesión, y el año del art. 951 del Código Civil no salva la demanda, porque el CPCM añade para la suspensión ese plazo más corto. Tampoco conoce el juez de paz, que solo interviene en los actos de conciliación (art. 32).

28. En un proceso posesorio, la cámara confirmó en apelación la sentencia que amparó la posesión del demandante. El demandado vencido le pregunta si todavía puede hacer algo. ¿Qué le diría usted?

1. Que puede pedir la revisión de esa sentencia firme dentro de los dos años de su notificación
2. Que no cabe recurso contra la de apelación, pero sí puede acudir al proceso declarativo
3. Que puede interponer casación, porque la sentencia de apelación produce cosa juzgada material
4. Que nada más puede hacer, porque la sentencia posesoria cierra toda discusión sobre el dominio

El art. 476 del CPCM dispone que la sentencia sobre la protección de la posesión «no producirá efectos de cosa juzgada, y deja a salvo el derecho de las partes para acudir al proceso declarativo»; admite apelación y «contra la sentencia dictada en apelación no procederá recurso alguno», lo que excluye también la casación. La revisión tampoco cabe, porque no procede contra sentencias firmes que por ley carecen de efectos de cosa juzgada (art. 540 inc. 2); y, por esa misma falta de cosa juzgada, la discusión sobre el dominio queda abierta.

29. El propietario de un local comercial en San Miguel quiere demandar la desocupación por mora de su arrendatario y le pide aplicar el proceso especial de inquilinato del CPCM. ¿Qué le responde usted?

1. Que procede, porque el proceso de inquilinato rige todo arrendamiento de inmuebles urbanos
2. Que procede, pero ante el juzgado de menor cuantía, por tratarse de un local para comercio
3. Que procede solo si el canon mensual no supera el equivalente de veinticinco mil colones
4. Que ese proceso especial solo cubre arrendamientos para vivienda, no un local comercial

El art. 478 inc. 3 del CPCM precisa que «los procesos regulados en este título son los que se refieren exclusivamente a arrendamientos para vivienda». El arrendamiento de un local comercial no sigue ese proceso especial, sino el declarativo que corresponda por cuantía o materia (art. 239). Además, los procesos de inquilinato se tramitan como abreviados cualquiera que sea su cuantía y ante el juez de primera instancia del lugar del bien, con exclusión de los juzgados de menor cuantía (art. 478 incs. 1 y 2).

30. Un inquilino de vivienda es demandado por primera vez por mora y, antes del lanzamiento, ofrece ponerse al día. ¿Qué derecho le reconoce el CPCM?

1. Ser sobreseído si paga solo los cánones vencidos, sin costas, hasta la audiencia preparatoria
2. Ser sobreseído si paga todo lo adeudado más las costas, antes de que se produzca el lanzamiento
3. Ninguno, porque la mora en la renta da lugar a la desocupación aunque después se pague lo debido
4. Obtener un plazo judicial de seis meses para pagar mientras continúa ocupando la vivienda

El art. 480 del CPCM obliga al juez, en la citación a la audiencia, a advertir al inquilino «sobre su derecho de ser sobreseído en el juicio si paga el monto total de lo adeudado más las costas del proceso»; ese derecho corresponde al inquilino «que por primera vez sea demandado por mora» en arrendamiento para vivienda y puede ejercerse «en cualquier estado del proceso antes del lanzamiento». En estos procesos el demandado solo puede alegar y probar el pago o lo relativo al sobreseimiento (art. 485 inc. 1).

31. El propietario de un edificio de apartamentos quiere la desocupación de uno de ellos, arrendado para vivienda en US$425 mensuales, para levantar una nueva construcción. ¿Qué debe acompañar a la demanda para que sea admitida?

1. Solo el permiso municipal, porque la consignación de la renta se hace al ejecutar el fallo
2. El plano aprobado de las obras y la consignación de US$425, igual a un mes de la renta pactada
3. Una fianza de US$1,275, igual a tres meses de renta, y el permiso de construcción vigente
4. El plano aprobado de las obras con su duración y la consignación de US$850, dos meses de renta

El art. 481 del CPCM exige presentar con la demanda «un plano completo, debidamente aprobado, de las obras por realizar, con especificación del tiempo de duración de éstas» y consignar «una cantidad igual a dos mensualidades de renta»: 2 × US$425 = US$850 (cálculo verificado). Esa suma se entrega al inquilino si los trabajos no comienzan dentro del mes siguiente a la desocupación, y «sin dicha consignación la demanda no será admitida».

32. Según el CPCM, ¿qué deudas pueden reclamarse por medio del proceso monitorio por deudas de dinero?

1. Las deudas superiores a veinticinco mil colones que no cuenten con un título ejecutivo suficiente
2. Las deudas de cualquier cuantía que consten en un título valor o en una escritura pública vencida
3. Las deudas de dinero aún no vencidas, siempre que consten en documento firmado por el deudor
4. Las deudas de dinero líquidas, vencidas y exigibles que no excedan de veinticinco mil colones

El art. 489 del CPCM permite la solicitud monitoria a quien pretenda «el pago de una deuda de dinero, líquida vencida y exigible, cuya cantidad determinada no exceda de veinticinco mil colones o su equivalente en dólares» (25,000 ÷ 8.75 = US$2,857.14, cálculo verificado), documentada en un soporte que acredite la relación entre acreedor y deudor. Conoce con competencia exclusiva el juez de primera instancia de menor cuantía del domicilio del demandado (art. 490). Las deudas no vencidas o que exceden el tope quedan fuera.

33. Un taller reclama por vía monitoria US$1,650 que le adeuda un cliente según una factura firmada por este. ¿Hasta qué monto puede señalarse la cuantía a efectos del requerimiento judicial de pago?

1. Hasta US$1,650, porque el requerimiento no puede exceder lo que consta en la factura
2. Hasta US$2,475, porque puede incrementarse en la mitad del monto inicial de lo adeudado
3. Hasta US$2,200, porque puede incrementarse en un tercio del monto inicial de lo adeudado
4. Hasta US$3,300, porque el requerimiento puede duplicar lo adeudado para cubrir las costas

El art. 491 del CPCM dispone que «la cuantía que se señale a efectos del requerimiento judicial podrá incrementarse en un tercio del monto inicial de lo adeudado». Cálculo verificado: US$1,650 + (1,650 ÷ 3) = 1,650 + 550 = US$2,200. Una mitad daría US$2,475 y el doble US$3,300, proporciones que el código no prevé.

34. Su cliente recibió personalmente el requerimiento de pago de un proceso monitorio de dinero y dejó vencer el plazo sin pagar ni formular oposición. ¿Qué ocurrirá a continuación?

1. El juez archivará la solicitud, porque el silencio del deudor equivale a una oposición tácita
2. El juez lo declarará rebelde y convertirá la solicitud en un proceso abreviado con audiencia
3. El acreedor deberá presentar demanda en proceso común para obtener una sentencia de condena
4. El juez ordenará embargar sus bienes y se seguirá con el trámite de ejecución de sentencias

Admitida la solicitud, el juez requiere al deudor para que en veinte días pague o comparezca a oponerse, «con la advertencia expresa de que, en otro caso, se procederá a la ejecución» (art. 493 del CPCM). Según el art. 495, «si el requerido no paga ni se opone en el plazo concedido al efecto, el juez ordenará el embargo de sus bienes en cantidad suficiente», y el proceso sigue por los trámites de la ejecución de sentencias. Solo la oposición lleva al proceso abreviado (art. 496).

35. En un monitorio por deuda de dinero, el deudor se opuso dentro del plazo alegando que la mercadería facturada llegó dañada. ¿Qué carga procesal recae ahora sobre el acreedor solicitante?

1. Iniciar un proceso ejecutivo separado, aportando el mismo documento en que consta la deuda
2. Ninguna, porque el juez convierte de oficio la solicitud en demanda y cita a una audiencia
3. Pedir el embargo inmediato, porque la oposición no suspende los efectos del requerimiento
4. Presentar demanda para seguir por el proceso abreviado; si no lo hace, se cierra con costas

Según el art. 496 del CPCM, si el deudor se opone en plazo, el proceso continúa por las reglas del abreviado y la sentencia tendrá valor de cosa juzgada; «a este fin, el solicitante deberá presentar la demanda dentro de los diez días siguientes. Si no presentare la demanda en este plazo, se pondrá fin al procedimiento, condenándosele en costas». El embargo inmediato no procede aquí: el art. 496 inc. 3 solo lo prevé por la cantidad que se reconoce como debida, y este deudor discute toda la deuda.